En materia de ejecución de penas, su control por vía del recurso de casación se encuentra limitado a las resoluciones que pongan fin a la pena, o hagan imposible que continúen, o que denieguen la extinción, conmutación o suspensión de la pena, a las que aun cuando no tengan ese efecto signifiquen el cese del encierro (libertad condicional, libertad ...

Las resoluciones que exigen fundamentación -autos y sentencias, decretos cuando así se disponga- deben exhibir una argumentación lógica y legal (arts. 18 C.N., 155 Const. Pcial., 142, 408, 2° C.P.P.). La fundamentación se vicia si descansa decisivamente en la ponderación de situaciones fácticas que son ajenas al bloque normativo bajo el cual debe de...

Se vulnera el principio de no contradicción cuando se niega un hecho o se declara inaplicable un principio de derecho, o, viceversa y después se afirma otro que en la precedente motivación estaba explícita o implícitamente negado, o bien se aplica un distinto principio de derecho. Además, es requisito lógico de ello que la contradicción resid...

La omisión de valorar una circunstancia vinculada a las pautas de mensuración de la pena sólo nulifica el decisorio si reviste valor decisivo y pone en evidencia la arbitrariedad del monto de la pena impuesta. ...

El marco normativo relativo a las costas está constituido por disposiciones cuya naturaleza no es exclusivamente adjetiva, aunque estén ubicadas dentro de ordenamientos procesales. Así, la disposición que define el contenido de las costas (art. 553 C.P.P.), incluyendo la reposición del papel sellado o reintegro del empleado, impuestos, honorarios y otros gastos que se hubieren originado durante la...

La potestad de distribuir las costas configura, en principio, una facultad privativa del tribunal de juicio, que sólo puede ser controlada por el tribunal de casación en los supuestos de arbitrariedad de la sentencia. Se configura un supuesto de arbitrariedad en cuanto al ejercicio de la potestad de dis-tribuir las costas, cuando ello se lleva a cabo sin tener en cuenta las circunstancias atinente...

La ley 25.767 introdujo en la Parte General del Código Penal (art. 41 quater) el aumento de un tercio del mínimo y máximo de la escala penal de cualquier delito que ?sea cometido con la intervención de menores de dieciocho años de edad... respecto de los mayores que hubieren participado en el mismo?. La fórmula legal aludida no fue ajena a diversos desencu...

La suspensión del juicio a prueba procura lograr el fin de prevención -que esencialmente es el que debe cumplir la ley penal- por medio del efecto resocializador de las reglas de conducta que se le imponen al imputado, sin necesidad de una sentencia condenatoria. Lo anterior implica asignarle al derecho penal una función social distinta a la de un instrumento exclusivamente punitivo y -por ende- e...

Si respecto de un proceso de menores la condena resulta mucho menos probable que la absolución, dados los excelentes resultados concretos ya alcanzados por el menor, en cuanto a su resocialización, durante el tratamiento tutelar, y teniendo en cuenta los fines predominantemente educativos y no punitivos, propios del derecho penal juvenil, no se advierte qué ventajas obtendría el menor si, en lugar...

El Código Procesal Penal de la Provincia establece en su art. 315 que la denuncia podrá presentarse por escrito o verbalmente y de efectivizarse de esta última forma, debe extenderse en un acta conforme con lo reglado en el Capítulo 2, Título VI, del Libro Primero. Al respecto, el art. 134 ibídem estipula que cuando el acta da cuenta de un acto realizado por personal de la Policía Administrativa e...