Se admite la constitución en querellante particular de las asociaciones sindicales, en aquellos casos en los que el delito investigado afecta la esfera de los intereses de sus representados. Ello a partir de una interpretación sistemática, trasvasando la directriz constitucional que surge de las disposiciones relacionadas con la legitimación de derechos de incidencia colectiva en la acción de ampa...

La libertad condicional (art. 13 C.P.) es un beneficio legal del que puede gozar el interno, previa ponderación de sus circunstancias personales y un juicio sobre su grado de recuperación y de readaptación. El otorgamiento de esta libertad anticipada está sujeto a condiciones de subsistencia durante un plazo determinado, las que -satisfechas- determinan la extinción de la pena por cumplimiento tot...

Una de las causales de revocación de la libertad condicional prevista legalmente se refiere a que el condenado cometa un nuevo delito (art. 15 C.P.), en cuyo caso, no se computará en el término de la pena, el tiempo que haya durado la libertad. Lo mismo sucede con el incumplimiento de la condición de contralor consistente en la obligación de residencia. En la violación de la obligación de residenc...

El art. 121 de la ley 24.660, establece que en lo relativo a la remuneración de la actividad laboral del interno, una vez practicados los descuentos correspondientes sobre la retribución que percibe el interno por su trabajo, el saldo resultante será destinado a un fondo propio que va a ser entregado integralmente al interno, una vez que egrese ya sea anticipada -libertad condicional o libertad as...

El fondo propio, una vez deducida la parte disponible, constituirá el fondo de reserva. Por regla general, el interno no se encuentra autorizado a disponer del fondo de reserva, el cual recién le será entregado cuando se reintegre a la vida libre. Ello obedece a la necesidad de proteger el patrimonio del condenado el cual le va a ser de suma utilidad a su egreso, toda vez que va a necesitar del...

La intervención del querellante particular en el proceso penal se presenta como una manifestación del derecho a la jurisdicción y a la tutela judicial efectiva, que corresponde -entre otros- a la víctima del delito, derechos éstos de raigambre constitucional por imperio de lo prescripto en el artículo 75, inciso 22, de la CN, donde se otorga jerarquía constitucional a una serie de tratados interna...

El ECPI, tratado internacional multilateral adoptado el 17 de julio de 1998 en el marco de la Conferencia Diplomática de Plenipotenciarios convocada por las Naciones Unidas (con entrada en vigor el 1 de julio de 2002), se erige actualmente en el documento central del derecho penal internacional. Entre otras cuestiones, regula el establecimiento de la Corte Penal Internacional, su composición, admi...

La estabilidad de las decisiones judiciales firmes constituye no sólo un resguardo de la seguridad jurídica, sino también y sobre todo una garantía individual, salvo en aquellos casos en que no ha existido un auténtico y verdadero proceso judicial. La firmeza, y consiguiente irrevocabilidad del pronunciamiento sobre el fondo, impide toda revisión del trámite por el cual se llegó a esa resoluci...

La concesión de la probation no importa la finalización del proceso penal. Sin embargo, produce su suspensión evitando el juicio y el riesgo del dictado de una condena, mediante la asunción de obligaciones cuyo cumplimiento determinará la extinción de la acción penal. No existe ningún impedimento para solicitar la suspensión del juicio a prueba durante la investigación penal preparatoria, siem...

Frente a delitos contra la integridad sexual, el testimonio de la víctima aparece como la prueba dirimente, puesto que esta clase de hechos suele cometerse en ámbitos de intimidad, ajenos a las miradas de terceros. En consecuencia, los elementos de juicio que corroboran el relato de las víctimas constituyen, en su mayoría, prueba indirecta. La prueba indirecta no resulta óbice para sostener un...