Las resoluciones cuya consecuencia es la obligación de seguir sometido a proceso criminal no satisfacen, por regla, la calidad de sentencia definitiva, ni resultan equiparables a ella pues no ponen fin al proceso ni impiden su continuación. En principio, no es impugnable en casación, la resolución que confirma la elevación de la causa a juicio. Sin embargo, se ha hecho excepción a esta regla cu...

Es impugnable en casación la resolución que confirma la elevación a juicio de la causa en contra de quien se desempeña como intendente o jefe comunal, en los casos en que el régimen legal aplicable importa para él el riesgo concreto de ser suspendido en el ejercicio de sus funciones. Así ocurre con lo dispuesto por el art. 112 de la ley 8102, que establece su suspensión de pleno derecho en los cas...

El consentimiento del fiscal resulta insoslayable para habilitar la suspensión del juicio a prueba del art. 76 bis, 4º párrafo, C.P. Ello es así, pues el enunciado normativo que proclama el referido requisito, contiene una regla semánticamente autosuficiente, exenta de vaguedades o ambigüedades que lleven a confusión. De consiguiente, la gramaticalidad de la norma perjudica insanablemente una inte...

El asesor de menores no es un representante convencional, sino que es un órgano de vigilancia y asesoramiento en los asuntos que a éstos interesen en sus personas o bienes. La asistencia jurídica del menor de edad es un imperativo de la Convención sobre los Derechos del Niño (arts. 19, 20 y 40) y se inserta en la que gratuitamente brinda la Provincia para posibilitar el acceso a la justicia por ma...

En los hechos vinculados con la ley de estupefacientes, la elección de la figura legal atendiendo a la relevancia que otorga a los fines de comercialización (a los que alude el art. 5°, 1er. párrafo, inc. c, ley 23.737), exige ponderar además de la cantidad de sustancia estupefaciente hallada, el contexto fáctico en que se produjo su secuestro (si se encontraba oculta, dónde estaba, la presencia e...

El art. 144 tercero del Código Penal regula el delito de tortura contemplando una pena de reclusión o prisión de ocho a veinticinco años e inhabilitación absoluta y perpetua para el funcionario público que impusiere a personas, legítima o ilegítimamente privadas de su libertad, cualquier clase de tortura, siendo indiferente que la víctima se encuentre jurídicamente a cargo del funcionario, en tant...

La violencia sexual ejercida sobre la mujer por parte de un agente del Estado, en determinadas circunstancias de vulnerabilidad de la víctima, frente a un abuso de poder dirigido a intimidar, degradar, humillar, castigar o controlar a la persona que lo sufre, puede provocar los tormentos físicos y sufrimientos psíquicos de gravedad suficiente que exige la figura prevista en el art. 144 tercero del...

La ley 24.390 contiene disposiciones de naturaleza procesal y sustantiva. Entre las primeras, se encuentran las que establecen el plazo máximo de la prisión preventiva, sus prórrogas y los efectos que se operan a su vencimiento respecto de esta medida de coerción (arts. 1º a 6167). En este aspecto, la ley nacional se define como reglamentaria del art. 7º, punto 5, de la Convención Americana sobre ...

Los vicios nulificantes que pudiera tener el decisorio que concedió la suspensión del juicio a prueba tienen como “techo” el lapso hasta que el acto adquiere la calidad de cosa juzgada, ello significa, la firmeza y consiguiente irrevocabilidad del pronunciamiento sobre el fondo, impidiendo toda revisión del trámite por el cual se llegó a esa resolución, aún en lo que atañe a las nulidades absoluta...

El bien jurídico protegido principalmente por las disposiciones de la ley 23.737 es la salud pública. Ello por cuanto las conductas vinculadas con el tráfico y con la posesión de drogas tóxicas, representan un riesgo para la difusión y propagación de los estupefacientes en el resto de la población general. Se trata de figuras caracterizadas esencialmente por la exigencia de un peligro común y no i...