Resulta equiparable a sentencia definitiva, y por tanto es impugnable en casación, la resolución que dispone el decomiso de elementos luego de pronunciada una sentencia firme sobre el fondo de la cuestión. Ello así por cuanto ocasiona un gravamen de imposible reparación ulterior, al no existir otra oportunidad procesal idónea para reeditar el reclamo. El texto del art. 23 del C.P. incorporado p...

El consentimiento del fiscal resulta insoslayable para habilitar la suspensión del juicio a prueba (art. 76 bis, 4º párrafo, C.P.). Para que el dictamen fiscal negativo vincule al juez que debe resolver un pedido de suspensión del juicio a prueba, el mismo debe reunir determinadas condiciones. Ello es así, pues una denegatoria carente de debida fundamentación configura un ejercicio arbitrario d...

La nulidad genérica relativa al derecho de defensa del art. 185 inc. 3 del C.P.P., opera cuando se inobservan las disposiciones concernientes a la intervención, asistencia y representación del imputado. Por consiguiente, no se configura una situación subsumible en esa consecuencia, cuando se designa como abogado de oficio a un letrado que no se encuentra en el listado elaborado en la regulación de...

La facultad discrecional de fijar la pena es exclusiva del tribunal de juicio y revisable en casación en supuestos de arbitrariedad. Dentro de ese margen de recurribilidad relativo a las facultades discrecionales del tribunal de sentencia, se ha fijado el estándar de revisión en los supuestos de falta de motivación de la sentencia, de motivación ilegítima o de motivación omisiva. El control alc...

La interpretación de las leyes a los efectos de establecer su sentido y alcance, no debe acotarse a su tenor literal, sino que se debe recurrir a la complementación a través de la interpretación teleológica y sistemática. En esta última debe darse preeminencia a las disposiciones de rango constitucional. Las leyes deben interpretarse conforme al sentido propio de las palabras que emplean sin mo...

Resulta inconstitucional el art. 121 inc. c de la ley 24.660, en cuanto manda retener un 25% de la remuneración que perciben los internos que desarrollan tareas laborales en la Unidad Penitenciaria, para costear los gastos que causaren en el establecimiento. En consecuencia, corresponde el cese de los descuentos que bajo ese título se efectúen en las retribuciones de los internos. Los montos q...

La legislación en materia penitenciaria (ley nacional 24.660, a la que adhirió nuestra Provincia mediante ley 8812, y la cual fue reglamentada posteriormente por el decreto 1293/00, modificado por el decreto 1000/07, hoy decreto 344/08) no ha regulado la remuneración que deben percibir aquellos internos que trabajen en una jornada a tiempo parcial. Es que el art. 120 de la ley 24.660 al remitir al...

La oferta razonable del imputado de reparar el daño causado en la medida de sus posibilidades como requisito de procedencia de la suspensión del juicio a prueba (art. 76 bis, 3er. párr. C.P.), es una de las manifestaciones del cambio de paradigma de la justicia penal que, en lugar de la tradicional respuesta consistente en que la acción penal se agota en una sentencia que para el caso de condena i...

El consentimiento del fiscal resulta insoslayable para habilitar la suspensión del juicio a prueba del art. 76 bis, 4º párrafo, a condición que se encuentre debidamente fundado. El tribunal se halla autorizado a prescindir de dicho consentimiento cuando el dictamen fiscal no satisfaga la exigencia de debida fundamentación, por resultar ésta palmariamente irrazonable o carecer el pronunciamiento...

Teleológicamente, se advierten similitudes entre la exclusión de los funcionarios para la suspensión del juicio a prueba o probation, como la causal de suspensión de la prescripción mientras dure el desempeño de un cargo público, ya que ambas se vinculan con la suspensión de la acción penal. Ello es así por cuanto, en aras de la transparencia estatal, ambas confluyen en un régimen más severo para ...