Existe una seria y profunda demanda política y social en materia de corrupción, como consecuencia de sus graves y penosos efectos. Es que la corrupción, en tanto deslealtad o infidelidad ante los deberes posicionales que imponen los sistemas de reglas respectivos a quienes ostentan cargos o cumplen funciones vinculadas con intereses colectivos, sacrifican al bien común orientando el comportamiento...

El instituto de la libertad asistida (beneficio solicitado por el condenado) regulado en el art. 54 de la ley 24.660, permitirá al condenado sin la accesoria del art. 52 del C.P. el egreso anticipado y su reintegro al medio libre seis meses antes del agotamiento de la pena temporal. Es necesario para su procedencia, entre otros requisitos, contar con un tiempo cierto de agotamiento de la conden...

En orden al cómputo de penas, el art. 504 del C.P.P. admite la posibilidad de corrección de los cómputos de pena erróneamente practicados. La doctrina judicial y jurídica, por su parte, expresan que “... los errores de cómputo pueden corregirse a petición de parte y de oficio por el juez o presidente del tribunal, pues no existe resolución que haga cosa juzgada...”. “Tampoco los errores del cóm...

No constituye sentencia definitiva la decisión que inadmite la instancia de constitución en actor civil pues no se encuentra captada por la ley como objeto impugnable en tanto no se trata de una sentencia definitiva, ni de un auto que ponga fin a la pena, o que haga imposible que continúe, o que deniegue la extinción, conmutación o suspensión de la pena (art. 469 C.P.P. a contrario sensu). Resu...

El art. 105 del C.P.P. faculta a la exclusión de oficio del actor civil –en los actos preliminares del juicio– sólo en caso de que exista certeza sobre la ilegalidad de su intervención, esto es, un conocimiento claro y seguro de que su intervención es indebida. Debe tratarse de supuestos asimilables a los de improponibilidad jurídica de la demanda, esto es, hipótesis en las que, sin necesidad de p...

En relación al estímulo educativo, no es necesario que los cursos de formación profesional o equivalentes a los que alude la ley de ejecución, cuenten con certificación oficial. En tal sentido, cabe reparar en que la ley nacional de educación –a la que remite el art. 140– entre sus objetivos establece la necesidad de incentivar la capacitación de las personas privadas de libertad, reconociendo el ...

Las normas contenidas en los arts. 59 del C.C. y 103 del C.C. y C., coincidentemente, prescriben que el asesor es parte necesaria en todo juicio en que intervenga un incapaz. Su función es de asistencia, vigilancia y control de los intereses del menor en todo asunto judicial o extrajudicial en que esté comprometida la persona o los bienes del incapaz. La representación del asesor de menores es...

El criterio de taxatividad que impera en materia recursiva sostiene que sólo se encuentran legitimados a interponer recurso de casación en contra de las sentencias absolutorias el ministerio público, el querellante particular y el imputado, este último solo en casos en que se le imponga una medida de seguridad o se lo condene a la restitución de daños (arg. arts. 443, 470, 471 y 472 y 470 del C.P....

El exceso ritual reposa en un sólido fundamento constitucional, como lo es el art. 18, continente de una normativa garantizadora de la defensa en juicio, del debido proceso y del adecuado servicio de justicia. Este principio constituye una exagerada sujeción a las normas formales, las cuales abusivamente son mal o indebidamente utilizadas por quien o quienes de tal manera se convierten así en ritu...

La intervención de la víctima en el proceso penal se presenta como una manifestación del derecho a la jurisdicción y derecho a la tutela judicial efectiva (art. 75, inc. 22, C.N.; arts. 8.1 y 25 C.A.D.H.). Una intelección amplia del derecho de la víctima expresa que la persecución penal constituye un corolario necesario del derecho de todo individuo a obtener una investigación judicial a cargo de ...