El art. 64 C.P. contempla el pago voluntario de la multa como una causa de extinción de la acción penal. El objetivo que se persiguió con la incorporación de este instituto, fue lograr un menor desgaste procesal (economía procesal), pretendiendo con ello un sistema penal más racional en el que la mayor concentración de esfuerzos se oriente a la franja de delitos de mayor trascendencia penal. E...

En materia de ejecución de penas, la suspensión condicional del encierro a modo de prueba en el último tramo de la ejecución está supeditada al cumplimiento de las condiciones taxativamente prescriptas por la ley, entre las cuales se encuentra la obligación de residir “en el lugar que determine el auto de soltura” (art. 13 inc. 1 C.P.). El incumplimiento de esta condición acarrea la revocación de ...

Si la obligación constitucional y legal de motivar la sentencia impone al tribunal de mérito -entre otros recaudos- tomar en consideración todas las pruebas fundamentales legalmente incorporadas en el juicio, y efectuar dicha ponderación conforme la sana crítica racional (art. 193 C.P.P.), resulta claro que el recurso que invoca la infracción a las reglas que la integran -lógica, psicología, exper...

Hay un consenso mayoritario en doctrina, en admitir que para que se aplique la agravante del inc. 2 art. 166 C.P., se requiere la utilización de un arma para cometer el ilícito, sea físicamente o blandiéndolas como amenaza, lo importante es que exista relación entre el uso del arma como medio violento o intimidatorio y el apoderamiento como fin. Si uno de los fundamentos para agravar la figura...

La falta de recurso ante el Tribunal Superior en materia de ejecución penal no vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva si ya existió del tribunal a cargo de la ejecución el control de la resolución administrativa, porque el principio de seguridad jurídica exige que alguna vez se haya de tener por definitivamente resuelta una cuestión sin que pueda estar sujeta a una serie abierta, intermi...

La asistencia técnica es exigida para garantizar, de manera efectiva y real, el derecho de defensa en juicio consagrado por el art. 18 C.N. Nuestro sistema legal asegura al justiciable la sustanciación de un proceso con control jurisdiccional efectivo y permanente y pleno respeto a la intervención de la defensa desde el primer momento y a lo largo de todas las etapas, incluidas las instancias post...

La “violencia doméstica y de género” ha merecido una prohibición especial, a nivel supranacional a través de la “Convención Interamericana para prevenir sancionar y erradicar la violencia contra la mujer” (más conocida como la “Convención de Belém Do Pará” y aprobada por ley 24.632), a nivel nacional con la ley 26.485 (ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia co...

En los casos de “violencia doméstica y de género”, el estudio de la prueba debe abordarse bajo un criterio de amplitud probatoria para acreditar los hechos atrapados. Es que los hechos de “violencia doméstica y de género” poseen particularidades que los diferencian de otros delitos pues aquí la víctima sufre reiterados comportamientos agresivos, una escalada de violencia cada día o semana más agra...

Resultan impugnables en casación las resoluciones que resuelven en sentido adverso a la pretensión del recurrente de actuar como querellante particular, por cuanto provocan un agravio de insusceptible reparación ulterior, pues ante la denuncia de los delitos en orden a los cuales se solicitó ejercer aquel derecho amparado constitucionalmente, resultaría tardía toda posibilidad de volver a debatir ...

La ley procesal penal exige que el recurso de casación presente cada motivo con sus fundamentos bajo sanción de inadmisibilidad (arts. 474, 455, C.P.P.). Por lo cual se impone el desarrollo sustancial del motivo o agravio invocado, es decir, del fundamento de la impugnación. Ello significa que se debe razonar críticamente sobre las argumentaciones efectuadas por el a quo y explicar así en qué cons...