En el marco de la aplicación de la ley de estupefacientes, la jurisdicción federal es prioritaria excepto cuando las provincias, por voluntad propia expresada mediante ley de adhesión, asuman la competencia (art. 34), lo que la provincia de Córdoba hizo mediante la sanción de la ley 10067. Para distinguir entre los delitos que corresponden a la jurisdicción federal y los comprendidos en la jurisd...

En cuanto a la recurribilidad en casación de las resoluciones que se expiden acerca de una acción de habeas corpus, desde antiguo se ha habilitado la competencia para los recursos presentados a favor de las personas ya que la decisión que lo resuelve debe considerarse definitiva....

El habeas corpus configura una garantía esencial de un derecho primario, individual y básico, cual es la libertad ambulatoria. Una variante del habeas corpus es el denominado habeas corpus correctivo, el cual se dirige en contra de toda forma ilegítima que agrava la condición de una persona legalmente detenida. De tal manera que la aludida acción se erige como la vía procesal apta para subsanar l...

La restricción a las visitas familiares del interno ordenada por el juez interviniente de acuerdo a la recomendación efectuada por el Consejo Interdisciplinario del Establecimiento Penitenciario, debe ser discutida a través de los medios impugnativos dispuestos a tal fin. Ello no implica desconocer que la materia en cuestión es propia de la acción de habeas corpus. En efecto, la finalidad resocial...

El art. 360 bis del Código Procesal Penal (incorporado por ley 10.457), reglamenta el instituto de la suspensión del juicio a prueba previsto por los arts. 59 inc. 7 del Código Penal, estableciendo expresamente que la solicitud podrá ser formulada, por única vez, durante la investigación penal preparatoria o en los actos preliminares del juicio hasta cinco días de vencido el término para ofrecer p...

La normativa relativa a la temporalidad para solicitar la suspensión del juicio a prueba contenida en el art. 360 bis sexto párrafo del CPP tiene naturaleza procesal y, por consiguiente, no se rige por el principio de la ley vigente al momento del hecho. En efecto, el citado artículo contiene dos clases de normas distintas: por un lado, las normas de carácter penal sustantiva (o, de discutirse est...

El planteo constitucional debe efectuarse en la primera oportunidad en que se suscitó o podía preverse que se suscitaría. La procedencia del planteo de inconstitucionalidad, supone que el escrito recursivo satisfaga, en este caso, con independencia de las limitaciones subjetivas, las exigencias formales previstas por la ley procesal para la vía impugnativa intentada. En consecuencia, debe previ...

El Código Procesal Penal limita las resoluciones recurribles en casación a las sentencias definitivas y a los autos que pongan fin a la pena, o que hagan imposible que continúe, o que denieguen la extinción, conmutación o suspensión de la pena (art. 469) y a los autos que resuelven los incidentes de la ejecución de las penas (art. 502). A partir de dicho marco normativo, se ha interpretado que sen...

La acreditación de los actos de comercialización a que alude el art. 5º inc. c primer supuesto de la ley de estupefacientes 23.737, no necesariamente exige el hallazgo de la sustancia estupefaciente en poder del comprador. Ello sin olvidar que muchas veces resulta compleja la realización del procedimiento de control (corte), o puede poner en riesgo el éxito de la investigación. El delito de com...

Ofendido penal es quien porta, en el contexto concreto, el bien jurídico protegido por la norma penal de prohibición o de mandato presuntamente infringida. El art. 7º del Código Procesal Penal impone un examen sobre la naturaleza y características del hecho que constituye el objeto de la imputación, con el fin de establecer si se evidencia la condición del pretensor de ser el ofendido penalment...