La alevosía, en cuanto circunstancia agravante del homicidio (art. 80 inc. 2 C.P.), exige objetivamente una víctima que no esté en condiciones de defenderse, o una agresión no advertida por la víctima capaz y en condiciones de hacerlo. Y subjetivamente, que es donde reside su esencia, requiere una acción preordenada para matar sin peligro para la persona del autor, proveniente de la reacción de la...

El análisis de las categorías de cómplice debe partir de las limitaciones que impone la ley en orden a la forma y oportunidad del aporte, advirtiéndose que sólo la complicidad no necesaria acepta la ayuda posterior con promesa anterior, tal como surge del texto expreso del art. 46 C.P.. Cuando se trata de la cooperación, la distinción entre las dos ...

La ley autoriza a recibir declaración testimonial a los coimputados condenados. Sin embargo, en esos casos no prestan juramento ni deponen bajo las penalidades de falso testimonio (art. 227 C.P.P.) lo cual resta comparativamente valor conviccional a sus declaraciones. Es posible incorporar al debate, por su lectura, las declaraciones de los testigos que no concurren a la audiencia, siempre que ...

La denominada teoría de los actos propios establece que nadie puede contradecir sus actos deliberados, jurídicamente relevantes y plenamente eficaces mediante conductas posteriores incompatibles con ellos. En virtud de la teoría de los actos propios, no puede agraviarse por la incorporación al debate mediante su lectura, de testimonios receptados durante la investigación, quien con anterioridad...

Sobre la base de lo establecido en el art. 45 del Código Arancelario para Abogados y Procuradores de la Provincia de Córdoba (ley 8226) -en cuanto señala que en los procesos con partes múltiples, las regulaciones de honorarios se efectúan aplicando el art. 34 de ese digesto ?... sobre el interés defendido por cada profesional...?-, corresponde afirmar que,...

En principio, la actuación de un mismo abogado en la defensa penal y civil de una persona, impone una doble regulación de honorarios, en función de cada uno de esos distintos intereses (arg. arts. 45 y 88 párr. 3...

Las decisiones que antes del fallo final de la causa mantienen una medida de coerción se consideran equiparables a una sentencia definitiva y -por ende- son impugnables en casación. Ello así, por cuanto pueden irrogar agravios de imposible reparación posterior dada la jerarquía constitucional de la libertad personal de quien cuenta con la presunción de ino...

La prueba sobre la existencia del hecho y las circunstancias que permiten inferir el riesgo procesal son condiciones que deben concurrir simultáneamente para la justificación de la coerción, debiendo la fundamentación del pronunciamiento que dispone la medida, proyectarse en forma autónoma con relación a cada uno de ellos....

La raigambre constitucional de la libertad personal determina que las medidas de coerción que la limitan durante el proceso, son siempre provisorias y por ello revisables. De allí que, conforme el art. 269 C.P.P., no haya preclusión para discutir la legalidad de la medida de coerción; como tampoco la falta de utilización de uno de los medios (oposición) im...

Con respecto a la prueba sobre la probable participación del imputado en el hecho, a fin de fundar un pronunciamiento que dispone una prisión preventiva (art. 281 C.P.P.) es suficiente que en un cuadro convictivo conformado por elementos de juicio positivos y negativos, los primeros primen cualitativamente sobre los segundos. Se ha advertido que si bien se trata de una exigencia m&aa...