La situación del menor que ha cometido un delito tiene una regulación especial en relación con la establecida para el adulto, que en aras de la protección de aquél, establece institutos particulares. Uno de ellos, es que la necesidad o no de la imposición de una sanción y, eventualmente, reducirla en la forma prevista para la tentativa, depende de la valoración conjunta de la modalidad del hecho,...

Si para el juzgador la comisión de un delito incidió en la necesariedad de la pena, no obstante los progresos del menor en orden a su resocialización, no puede también ser computada para concluir que el condenado no obser¬vó con regularidad los reglamentos carcelarios y denegarle el beneficio de la libertad condicional. Lo contrario soslaya la vulneración de la prohibición de la doble valoración, ...

Con la libertad asistida se pretende evaluar cuál es el grado de reinserción logrado y a ello se dirigen las condiciones que se imponen y la supervisión que se exige (art. 55 ley 24.660). Pero ello no importa su concesión en forma automática sin efectuar el pronóstico de peligrosidad que prevé la ley: posibilidad de daño para sí o para la sociedad, en base a los informes criminológicos que se pose...

La calificación de concepto tiene un efecto orientador (art. 104 ley 24.660) que proporciona al juzgador un elemento más para apreciar la viabilidad de la concesión de todo egreso del condenado (arts. 4º, 3º y concs. de la citada ley)....

Uno de los requisitos relativos a la procedencia de la ?suspensión del juicio a prueba? es la oferta razonable del imputado de reparar el daño causado en la medida de sus posibilidades y su cumplimiento para la subsistencia del beneficio. Dicha oferta de reparación de los daños causados debe hacerse a los damnificados por el hecho atribuido. Ello así desde que la regla objeto de análisis hace expr...

\r\nLa manifestación de la defensa del imputado de someterse ?a las resultas? de la causa en sede civil, no suple la ausencia de ofrecimiento de reparación a los damnificados. Debe, en consecuencia, el tribunal a quo intimar al imputado a fin de concretar su propuesta de reparación, para luego correr vista de la misma a los damnificados -diligencia esta última que luce incluso omitida en los prese...

La opinión favorable del fiscal es insoslayable condición de procedencia de la suspensión del juicio a prueba. No obstante, para que la opinión negativa vincule al juez, resulta ineludible que el dictamen se encuentre debidamente fundado. No lo está si sólo se procura el apartamiento de la doctrina fijada por el T.S.J., en ejercicio de su eminente función nomofiláctica, sin desarrollar argumentos ...

La regla contenida en el art. 41 bis C.P. no es una mera agravante general, sino que esta repercusión sobre la magnitud de los marcos punitivos establecidos en los delitos de la Parte Especial y las leyes complementarias, se produce por la incorporación de una modalidad típica de ejecución de un delito violento (uso de arma de fuego) no contemplada por aquéllos. La ventaja dogmática que reporta s...

La razón de la agravante no se halla, en este caso, en el mayor peligro para la vida, sino en que el autor de este delito se ha valido de un medio como el arma de fuego, con alto poder letal o lesivo, la que le brinda más seguridad, al mismo tiempo que anula las posibilidades defensivas de su víctima, todo lo cual revela una superior magnitud de injusto....

Cuando se encuentre consumado el delito de homicidio simple agravado por el uso de armas de fuego, la escala penal partirá de un mínimo de 10 años y 8 meses de prisión o reclusión y su tope será de 25 años -al no poder superar éste el máximo le-gal de la especie de pena-. Sobre este marco punitivo debe realizarse, entonces, la disminución que prevé el 1er párr. del art. 44 C.P., de lo cual surge q...