La imposición de una sanción presupone el respeto ineludible del principio fundamental del debido proceso (descargo o sumario, según el caso). Si el procedimiento administrativo constituye siempre una garantía jurídica, este carácter adquiere especial importancia cuando se trata del trámite cuyo objeto es la imposición de una sanción administrativa. La administración no puede sancionar sin la prev...

La circunstancia de que las normas estatutarias autoricen la aplicación de sanciones menores sin sumario previo en los casos de fácil acreditación objetiva de la falta imputada o de leves infracciones, no empece la inclaudicable obligación de resguardar el derecho de defensa a través del descargo, exista o no una norma que expresamente lo establezca, ya que aún en ausencia de ella, el debido proce...

El descargo presupone un procedimiento reducido tendiente a tutelar el derecho de defensa y a facilitar nuevos elementos de juicio a la Administración. Si bien no requiere la formalidad propia del procedimiento sumarial, debe resguardar aunque mínimamente, el cumplimiento de los siguientes aspectos: derecho a ser oído, a ofrecer y producir prueba y a una decisión fundada. Todo ello en el marco sum...

En cuanto a la vía recursiva cabe destacar que el recurso es una impugnación de un acto administrativo ante un órgano de ese carácter, que obviamente se interpone a posteriori de la imposición de la sanción. Su objetivo es agotar la vía administrativa como paso previo a la judicial procurando, generalmente sin sustanciación, la revisión de un acto ya dictado. Nada tiene que ver con el debido proce...

El principio de congruencia exige que los pronunciamientos deben limitarse a lo que ha sido objeto de litigio entre las partes, pues la sentencia que desconozca o acuerde derechos no debatidos es, como principio, incompatible con las garantías de los arts. 17 y 18 C.N.. Siendo la acción procesal el instrumento a través del cual se introduce la pretensión en el proceso, ésta constituye una petició...

El poder de policía nacional y provincial para el control de las actividades relacionadas al ejercicio de la prostitución, no enerva la eficacia vinculante de la normativa municipal, que constituye el desarrollo de una competencia atribuida tanto por la Constitución Nacional (arts. 5º y 123), como así también por la Constitución Provincial (arts. 180, 182, 183, 186 incs. 1, 7, 13, 14 y concs.), po...

Tanto en sede administrativa cuanto en sede judicial, si es claramente expuesta la pretensión del actor y producida la prueba que -a su entender- juzgue necesaria para permitir un juicio acerca de la existencia de las condiciones fácticas que viabilizarían la concesión del beneficio solicitado en función de la hermenéutica legal propiciada por la Cámara y confirmada en esta instancia, la apreciac...

Si se consideraban insuficientes las pruebas producidas, el Tribunal debe ejercer las facultades procesales reconocidas por el art. 325 C.P.C.C. -aplicable por remisión del art. 13 de la ley 7182 y en concordancia con los alcances de la acción de plena jurisdicción, art. 38 ib.- ordenando medidas para mejor proveer. En virtud de tal atribución es imperativo al Tribunal de juicio actuar según las s...

El imperativo constitucional prescripto por el art. 155 Const. Pcial. de resolver las causas «con fundamentación lógica y legal», aconsejaba al tribunal de mérito a poner en acto la potestad conferida por el art. 325 del C.P.C.C., aplicable por remisión del art. 13 de la ley 7182 y así solicitar la ampliación de las diligencias probatorias -disponiendo la intervención del equipo técnico de asisten...

Siendo que el debate se centra en torno del reconocimiento de un derecho previsional que la Ley Fundamental de la Nación y la Constitución de la Provincia han adjetivado como «irrenunciable» e «imprescriptible» (art. 14 bis C.N., art. 55 Const. Pcial. y art. 48 de la ley 8024), a lo que se suma que el actor ha incoado una acción contencioso-administrativa de plena jurisdicción (art. 1 inc. «c», l...