La opción que se ofrece al personal -pasar a la administración central o percibir la indemnización que corresponda-, está instituida como consecuencia del derecho a la estabilidad de los agentes afectados, quienes pueden elegir voluntariamente uno u otro camino. La decisión de pasar a prestar servicios en la administración pública bajo su régimen legal específico, lo es en el marco de las normas ...

La misión judicial de interpretación de las leyes no se agota con la remisión a la letra de los textos, sino que requiere del intérprete, la búsqueda de la significación jurídica del precepto aplicable, que consagre la versión técnicamente elaborada y adecuada a su espíritu. La igualdad jurídica implica que la ley sea general y abstractamente establecida para todos y que su aplicación se interpre...

Tratándose en el sub lite de la impugnación de una providencia dictada sin sustanciación por un vocal de la Cámara a quo (en la oportunidad prescripta por el art. 11 C.M.C.A.), el remedio que debió intentar el interesado era el de reposición (art. 42 ib.) y recién una vez que la Cámara en pleno -integrada por la totalidad de sus miembros- se pronunciara mediante auto interlocutorio, por la confi...

Las obligaciones anteriores al 1º de abril de mil novecientos noventa y uno, no resultan alcanzadas por el régimen de consolidación de pasivos del Estado establecido por ley 8250, cuando su naturaleza jurídica se co-rresponde íntimamente con el pago de los salarios mensuales pertinentes. La condena firme, en el caso, implica la obligación de pago de accesorios de los salarios regulares del act...

Corresponde la bonificación al agente que realice tareas riesgosas conforme lo acredite la autoridad competente, y previa intervención de la autoridad de aplicación la que emitirá opinión fundada sobre el porcentaje propuesto. El director de la repartición deberá certificar mediante expediente, la actividad que se realiza, el lugar donde se cumple y el lapso de duración. La decisión que se adop...

. La Corte Suprema de Justicia de la Nación en materia de sentencias arbitrarias, no tiene por objeto la corrección en tercera instancia de decisiones que a criterio de los impugnantes se estimen equivocadas, sino que, por el contrario, está dirigida a la revisión de los pronunciamientos en los que se advierta la inexistencia de las calidades mínimas para que el acto impugnado constituya una sent...

Los requisitos propios de la impugnación federal, condicionantes del ejercicio de la competencia extraordinaria de la Corte, deben observarse, aun en los casos en que el recurrente procure descalificar el decisorio con fundamento en la pretoriana causal de «arbitrariedad» o «gravedad institucional». Resulta improcedente el remedio federal, si los argumentos desarrollados en el decisorio que se i...

En el escrito de apelación, el impugnante debe refutar con precisión las conclusiones esenciales, tanto de hecho como de derecho en que el juez de primera instancia haya basado su pronunciamiento, no resultando suficiente las afirmaciones generales opuestas a la sentencia. Sin embargo, frente a las dudas interpretativas que en el caso pueda generar el correcto alcance que cabe atribuir a la expre...

En el procedimiento administrativo sancionador, las garantías de los ciudadanos se sitúan en un plano preponderante. No se trata de obstaculizar a la administración y evitar que ésta ponga en ejecución su potestad represiva, sino que debe procurarse esencialmente asegurar que tal ejercicio se desenvuelva dentro del marco de la juridicidad y frente a los sujetos que ciertamente hayan participado de...

La vigencia efectiva del derecho de defensa tutelado en los arts. 19.9 y 23.13 Const. Pcial., en el art. 18 de la Ley Fundamental de la Nación y en el art. 8.1 del Pacto de San José de Costa Rica, exige inexcusablemente el conocimiento de la acusación, la que deberá formularse dando detalles de los hechos considerados punibles y de la participación del agente en ellos....