No es correcto considerar como fecha de inicio del cómputo del plazo de prescripción de la acción disciplinaria, la del vencimiento del término legal para que operara la perención de la instancia. Ello por cuanto, conforme se encuentra regulado, el instituto de la perención de la instancia en la ley 8465, el letrado patrocinante podría haber impulsado y así reactivado el procedimiento mediante act...

Conforme con el art. 20 inc. 10 de la ley 5805 tanto el abogado patrocinante como el apoderado pueden incurrir en la falta «abandono de la defensa», ya que pesa sobre ambos el deber de «atender los juicios» que se les confíen (art. 19 inc. 8 ib.). No puede admitirse que el abogado a cargo de un asunto lo olvide, omitiendo recabar información sobre su marcha, que le permita subsanar o evitar errore...

El art. 104 inc. 26 Const. Pcial. reserva al órgano legislativo la atribución de dictar el estatuto, el régimen de remuneraciones y reglar el escalafón del personal de los poderes y órganos del Estado Provincial, lo que supone la obvia facultad de introducir modificaciones a los regímenes existentes. De tal suerte que, el sistema retributivo de los agentes del sector público en su expresión más am...

Los derechos adquiridos operan como un límite a la retroactividad legal (art. 3º C.C.) cuestión que no se plantea respecto de la decisión reglamentaria de modificar la remuneración en proporción no sustancial, con efectos inmediatos, pero futuros, enmarcada dentro de nuevas pautas remuneratorias con base objetiva y de alcance general. El respeto a los derechos estatutarios regularmente adquiridos ...

El tribunal de alzada está facultado para examinar de oficio la admisibilidad del recurso, pues sobre el punto no se encuentra ligado ni por la conformidad de las partes ni por la decisión del juez de primer grado, aun cuando esta última estuviere consentida....

La denominada «expresión de agravios» sobre la que reposa el recurso de apelación, debe estar correctamente fundamentada a través de un acto mediante el cual la recurrente procure rebatir total o parcialmente las conclusiones esenciales establecidas en la sentencia en orden a la valoración de la prueba, la determinación de los hechos y la aplicación de las normas jurídicas. La crítica debe ser con...

Una interpretación sistemática, coherente e integral del régimen legal de la actividad docente regida por el decr. ley 214-E-63, autoriza a sostener que el personal docente debe ostentar la misma categoría que la del establecí- miento educacional en donde presta servicios. Del dispositivo de los arts. 7°, 24, 26 y 49 del decr. ley 214-E-63, surge que la recategorización del establecimiento educ...

El tema de la protección a la vivienda única se instala en la órbita de las normas de índole sustantiva, en cuanto se prevé un régimen de excepción para el principio general según el cual todo el patrimonio del deudor respon¬de frente a sus acreedores. A estar por las prescripciones constitucionales anterior y actualmente vigentes (arts. 67 inc. 11 y 75 inc. 12 C.N.) su regulación escapa a la órbi...

El art. 25 de la ley 8226 impone al tribunal de la causa la obligación de regular los honorarios -en todos los casos- a los profesionales que han intervenido en representación de la parte contraria a la condenada en costas, en toda resolución interlocutoria o definitiva, si existe base económica, pues ésta constituye el parámetro sobre el cual han de aplicarse las escalas que establece la ley aran...

La representación funcional que ejerce el procurador del Tesoro no lo priva de la regulación de honorarios dispuesta como abogado de la matrícula que se presenta cumpliendo una actividad profesional en el pleito, en forma conjunta con otro letrado -art. 22 ley 8226- por lo que ellos también resultan alcanzados por el régimen específico que regula la actuación de los profesionales que representan a...