El art. 107 de la ley 8226, interpretado en consonancia con los principios constitucionales y las normas pertinentes del derecho civil, prohibe en su primer párrafo imponer las costas al litigante vencido en este tipo de articulaciones. La privación del derecho a cobrar honorarios por todas las actuaciones profesionales destinadas a la determinación del monto de los honorarios, incluidos los recu...

Las situaciones aprehendidas jurídicamente como actos de servicio, son aquéllas que no hayan podido producirse en otras circunstancias de la actividad profesional (art. 99 ley 8024). El bien jurídicamente tutelado es justamente ese mayor riesgo específico y exclusivo de la profesión policial, que opera como causa eficiente y desencadenante de la incapacidad psíquica o física consecuente, riesgo qu...

La portación del arma sirve indudablemente al mejor y más eficaz cumplimiento de la función, pero no es, ni hace a la función. De allí que la portación del arma, en sí misma, aislada de un acto funcional, no constituye sino el mero cumplimiento de una obligación reglamentaria. Resulta por demás evidente que el solo hecho de que la incapacidad fuera producida con el arma reglamentaria utilizada par...

La circunstancia de que el hecho determinante de la incapacidad haya tenido lugar dentro del horario, turno, guardia o comisión de rutina o especial, desempeñada en el cumplimiento del servicio (conforme arts. 99, ley 8024 y 99 decr. 382/1992) no alcanza para subsumir ese hecho en la hipótesis contemplada en ese mismo precepto, si al propio tiempo no concurre entre el acto de servicio y la incapac...

Constituye un principio rector que el Estado federal o provincial está sometido a las mismas prescripciones que los particulares, en cuanto a sus bienes o derechos susceptibles de ser propiedad privada; y pueden oponer igualmente la prescripción (art. 3951 C.C.). Tal criterio ha sido por lo demás el adoptado por el máximo tribunal de justicia de la Nación, al sostener que si bien las relaciones en...

El Código Civil se encarga de regular la oportunidad en que corresponde hacer valer la prescripción, estableciendo que ella «debe oponerse al contestar la demanda o en la primera presentación en juicio que haga quien intente oponerla» (art. 3962 C.C.). Asimismo, el acreedor está autorizado a remitir la prescripción ya ganada, tal como lo autoriza el art. 3965 de dicho cuerpo sustantivo, pudiendo m...

No adquiere el significado de renuncia el hecho de que en el expediente administrativo no se haya invocado la prescripción, puesto que ello no impide su presentación en una instancia ulterior (arg. del art. 3962 C.C.). La administración puede en sede administrativa oponer una defensa sustancial basada en la interpretación particular del marco normativo que regula el régimen, y luego en la primera ...

La sanción penal e incluso contravencional no excluye a la disciplinaria, ni ésta a las otras, pudiéndose imponerlas o bien una de ellas por quien jurídicamente corresponda, pues tutelan órdenes jurídicos distintos y persiguen finalidades diferentes. Las sanciones administrativas se instituyen como de jurisdicción local porque sancionan antijuridicidades que se refieren a bienes jurídicos de cont...

Es dable señalar que la ley 7182 no contiene normas relativas a la perención de instancias superiores (arts. 55, 58) razón por la cual es aplicable supletoriamente las normas pertinentes del Código Procesal Civil y Comercial (art. 13 C.M.C.A.) y no hay razón sustancial para adoptar un criterio diferente, frente a la ausencia de normas en la ley del fuero respecto a la perención del incidente de pe...

Resulta chocante imponer a quien litiga, la carga de impulsar un procedimiento incidental que no ha promovido y es contrario a sus intereses, pues lo coloca en la obligación de promover su propio interés y simultánea y contradictoriamente el de la parte opositora; resultado que no puede presumirse querido por el legislador, ya que a un mismo tiempo atenta contra el principio de igualdad en el proc...