El principio de conservación procesal implica que el instituto de la perención de instancia debe ser interpretado de modo que se esté por la subsistencia y continuidad del proceso judicial. La caducidad de la instancia sólo halla justificación en la necesidad de conferir un instrumento al Estado para evitar la indefinida prolongación de los juicios, pero no un artificio tendiente a impedir un pro...

El derecho del consumo procura garantizar la seguridad de los bienes y servicios que se introducen al mercado, no solo para evitar perjuicios económicos a los consumidores, sino como una forma de tutelar el derecho a la salud y a la integridad física de las personas....

La trascendencia del débito informativo resulta doblemente calificado, cuando se encuentran involucrados tanto los derechos de los consumidores y usuarios, como el derecho a la salud, tal como lo ha reconocido la doctrina y la jurisprudencia al reconocer la jerarquizada recepción constitucional y convencional que dichos valores han merecido. Existe un estrechísimo vínculo tuitivo entre el derecho...

La existencia de más de un organismo administrativo que ostente facultades de contralor sobre un sector, no contraviene el ordenamiento jurídico ni afecta el derecho de los particulares, en la medida que se encuentren claramente delimitadas las líneas de acción de cada uno de ellos. El consumo de un bien no importa necesariamente su uso ni la naturaleza de la relación contractual restringe el ám...

Frente a la normativa nacional de orden público y la naturaleza de los derechos de las comunidades indígenas, que gozan de una especial tutela en la Constitución Nacional y cuya protección ha asumido nuestro país en sede internacional, corresponde habilitar la vía contencioso administrativa a los fines de determinar si los actos administrativos enjuiciados se ajustan al ordenamiento vigente o si, ...

La ley 26.160 tiene directa incidencia tanto en procesos judiciales de diversa índole, como en procedimientos administrativos cuyo objeto sea el “desalojo” o “desocupación” de las tierras tradicionalmente ocupadas por las comunidades indígenas del país, por lo que su aplicación excede las cuestiones que deben resolverse aplicando exclusivamente normas del derecho privado. La acción contencioso ...

No es válido presumir la existencia de causales de inhabilitación de la instancia si no se encuentran fehacientemente acreditadas. Si bien es cierto que el Código Tributario Provincial no es de aplicación al caso, ello no es óbice para que pueda ser utilizado como herramienta de interpretación de la ley aplicable al caso -ley 9024 y ley 7182- desde que se trata de una cuestión procesal, sumado a q...

En las obligaciones indivisibles, la índole compacta de la prestación provoca la concentración del objeto debido, ya que éste le impone al deudor la satisfacción de la prestación debida por entero y ese efecto no es sino el resultado de la imposibilidad de cumplir parcialmente la prestación. Una cosa única no puede entregarse por partes, porque la parte entregada no sería la cosa debida sino o...

El respeto por el principio de la buena fe implica un deber de comportamiento, que consiste en la necesidad de observar en el futuro la conducta que los actos anteriores hacían prever. Es un axioma esencial de interpretación contractual, vigente en la contratación pública, el que se deriva del art. 1198 del Código Civil (actual art. 961 C.C. y C.) en el sentido de que los contratos deben celebr...

Corresponde rechazar el recurso de apelación interpuesto por la demandada que únicamente se centra en resistir la pericia contable, pues el juzgador tiene la facultad para decidir el valor probatorio de la pericia y estimar la fuerza de convicción a través de la verificación de las conclusiones explicitadas por los expertos. Esta libertad no significa reconocer un margen de absoluta discrecion...