El art. 40 Const. Pcial. establece que todo imputado tiene derecho a la defensa técnica, aun a cargo del Estado, desde el primer momento de la persecución penal y también que carece de todo valor probatorio la declaración del imputado prestada sin la presencia de su defensor. Con ello se refuerza la defensa en juicio, a través de la asistencia técnica desde el inicio del proceso (aun en la llamada...

La suspensión de la ejecución de sentencia con motivo del recurso directo tiende a evitar que dicha ejecución cause al recurrente perjuicios irreparables. En el caso de condenas de dar sumas de dinero, lo que se paraliza son los actos propiamente ejecutorios, es decir los que implican una disposición patrimonial. No así los trámites liquidatorios de la deuda, la resolución de incidentes o las exce...

La imposición de una sanción administrativa presupone el respeto ineludible del principio fundamental del debido proceso y del derecho de defensa. El máximo tribunal de justicia de la Nación ha aventado discusiones doctrinarias sobre la vigencia de dichas garantías en el marco de procesos distintos a los de la jurisdicción penal, prevaleciendo en definitiva la tesis en orden a que las normas susta...

La ausencia absoluta de una acusación inicial individualizada de los hechos imputados, que pusiera al accionante en conocimiento veraz de una detallada descripción de las circunstancias fácticas prima facie calificadas como una infracción a las normas de la ética profesional, en transgresión a una norma concreta que impone a la administración la obligación de su realización (art. 76 ley 5805), no ...

El deber de armonización de la potestad tributaria municipal con el régimen impositivo provincial y federal (art. 188 inc. 1, Const. Pcial.) tiene que ser analizado desde una doble perspectiva que presenta el ejercicio de potestades tributarias de fuente directamente constitucional por parte del Estado federal, de las provincias y de los municipios autónomos, lo que genera relaciones de coordinaci...

El constituyente provincial de 1987 atribuyó a los municipios el carácter de autónomos, lo que en el aspecto económico y financiero se traduce en la atribución de potestades tributarias originarias en su ámbito de actuación, con la limitación sustancial que surge de la última parte del art. 188 inc. 1, que impone una vinculación positiva de tales potestades, a los principios constitucionales que r...

Como paso previo a la dilucidación del fondo de la materia sujeta a juzgamiento, constituye un presupuesto procesal inexcusable el análisis de las condiciones de admisibilidad formal de la vía recursiva incoada. En este orden de ideas, la jurisprudencia ha venido entendiendo que «El tribunal de alzada está facultado para examinar de oficio la admisibilidad del recurso, pues sobre el punto no se en...

La crítica dirigida al pronunciamiento en crisis debe ser concreta, en la inteligencia de que quien se agravia debe seleccionar del discurso del sentenciante los argumentos que constituyan la «idea» dirimente configurante de la base lógica de la decisión adoptada. Una vez efectuada dicha labor de comprensión, incumbe luego a la parte agraviada la tarea de señalar en cuál punto del desarrollo argum...

La ordenanza 374/88, regulatoria de la estructura orgánica y el procedimiento ante el Tribunal Admi-nistrativo de Faltas de la Municipalidad de Bell Ville, en el art. 6° remite a la normativa reglamentaria de carácter general (ordenanza 0018 «B»/77- ord. 321/88), para establecer cuáles son los «suplementos generales y especiales» que se reconocen como integrativos de la remuneración asignada al j...

De la conjunción de los arts. 17 y 25 de la ord. 0018 «B» /77 surge en forma clara que la procedencia del «adicional por bloqueo de título» reglado en el art. 25, requiere como condición necesaria para que se opere el «incremento» allí reconocido, que el agente perciba el adicional por título que regla el art. 17 inc. 2 ib.. El reclamo del adicional por «bloqueo de título» en tanto es un compleme...