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Las provincias conservan la competencia para dictar sus propias cartas constitucionales en la medida que observen las condiciones limitativas del art. 5º, esto es en lo que aquí interesa, conforme “con los principios, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional”. Pues bien, si “la defensa del bien de familia” es una garantía particularizada del derecho a la vivienda digna reconocida por ...

Desde la consagración del régimen de inembargabilidad e inejecutabilidad de la vivienda única en la Carta Magna local (art. 58) y su posterior reglamentación mediante las leyes provinciales 8067 y 8998, la cuestión relativa a la constitucionalidad de estas normas motivó una nutrida discusión doctrinaria y jurisprudencial (del voto de la Dra. Tarditti). Existe una diferencia entre la regulación ...

I. Introducción. a. Protección de la vivienda. b. Protección de la vivienda familiar. c. Eficacia temporal de ambos regímenes. d. Fallo reciente sobre los puntos tratados en este trabajo. II. Conclusiones....

La inembargabilidad que consagran el art. 58 Const. Pcial. y su norma reglamentaria, avanzan sobre materia que es privativa del Congreso de la Nación, en contradicción con el principio de jerarquía normativa estatuido por el art. 31 C.N. Corresponde declarar la inconstitucionalidad del art. 58 Const. Pcial. y su ley reglamentaria 8067, puesto que las normas referidas a la garantía patrimonial ...

Que no obstante las decisiones de la Corte Suprema se circunscriben a los procesos concretos que le son sometidos a su conocimiento, no cabe desentenderse de la fuerza moral que emana de su carácter supremo, sin verter argumentos que la contradigan.\r\nDada la autoridad institucional de los fallos del alto tribunal en su carácter de supremo intérprete de la Constitución Nacional y la leyes, de ell...

El mérito ha incurrido en incongruencia , excediendo su competencia funcional, al haber receptado un agravio de apelación que no formaba parte de la controversia originaria, declarando de oficio la inconstitucionalidad del art. 58 de la CP y de su ley reglamentaria, incursionando directamente en la cuestión constitucional para concluir la desestimación del incidente y la revocación de la decisión ...

decr. 214/02 y demás normas complementarias, modificatorias y reglamentarias de éstas. Aunque no se trata en el caso de una ejecución por cobro del precio adeudado, el legislador le ha dado a la norma del art. 1...

El objetivo principal de la ley 9322 es suspender la tramitación de todos los juicios referidos a deudas contraídas en dólares y luego pesificadas, por los que se pretenda el cobro de tales créditos y/o la ejecución o desalojo de inmuebles que constituyan la única vivienda del deudor y su familia, extendiendo así el término, ya vencido, de la...

Las autoridades de provincia carecen de atribuciones para disponer por sí la suspensión del ejercicio de derechos reconocidos por la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos o imponer sobre ellos restricciones extraordinarias invocando una emergencia, como así también para ampliar el alcance de las dispuestas por las autoridades fe...