Mas allá de los distintos regímenes que rigen a las obras sociales nacionales y provinciales, la ley 26.862, en tanto norma complementaria del C.C. y C., sienta como marco que “pueden acceder a las prestaciones de reproducción médicamente asistida todas las personas, mayores de edad, sin que se pueda introducir requisitos o limitaciones que impliquen discriminación o exclusión fundadas en la orien...

La Resolución 0087/10 de la Apross no puede ser interpretada de forma literal para, de forma apriorística y absoluta, excluir del programa de reproducción asistida garantizado por la obra social a todas las mujeres que “hayan tenido hijos biológicos”, como reza el art. 1º de dicha resolución. Rendirse a una lectura de tales características supondría contravenir el propio fin buscado por la ley 969...

Desde la consagración del régimen de inembargabilidad e inejecutabilidad de la vivienda única en la Carta Magna local (art. 58) y su posterior reglamentación mediante las leyes provinciales 8067 y 8998, la cuestión relativa a la constitucionalidad de estas normas motivó una nutrida discusión doctrinaria y jurisprudencial (del voto de la Dra. Tarditti). Existe una diferencia entre la regulación ...

El Tribunal Superior de Justicia se pronunció por la constitucionalidad en causa “Banco del Suquía S.A. c/ Juan Carlos Tomassini - P.V.E. - Ejecutivo - Apelación - Recurso directo” (A.I. Nº 456, 20/10/99). Posteriormente, el 19 de marzo de 2002, la Corte Suprema de Justicia de la Nación admitió recurso extraordinario en contra de dicho pronunciamiento, declarando la inconstitucionalidad de la norm...

Cabe aplicar el principio de prevención para entender sobre la restitución de un niño disponiendo la intervención del tribunal que conoció en la guarda con fines adoptivos en procura de una eficaz protección de sus derechos fundamentales. Ello por cuanto el factor tiempo es esencial en todo lo relativo a la regulación de la práctica y forma de la adopción a los efectos de evitar dilaciones en torn...

El análisis de la tempestividad del recurso de inconstitucionalidad deducido en relación a una sanción disciplinaria debe abarcar -juntamente con la comprobación de los restantes requisitos- la verificación de la efectiva asistencia letrada en favor del interno, siempre y cuando él mismo no haya manifestado de manera autónoma dicha voluntad recursiva con específica indicación de su cuestionamiento...

La imposición de sanciones disciplinarias corresponde a la autoridad administrativa, quien debe observar tanto el marco normativo en relación con la previsión de la infracción (ley para las graves, reglamento para las medias y leves, art. 85 ley 24.660), com las exigencias del debido proceso. La confirmación ficta de la sanción disciplinaria recurrida por el mero transcurso del tiempo resulta i...

Los derechos a la jurisdicción y a la tutela judicial efectiva exigen a los Estados Parte la previsión de un recurso efectivo. Se trata de una auténtica obligación de resultado por cuanto no es suficiente con que exista en el derecho interno la posibilidad abstracta de ejercer un carril de este tipo, sino que es necesario que el remedio impugnativo produzca los efectos deseados, esto es, que sea e...

Toda persona, y quien ejerce una función pública también, tiene reconocidos por el ordenamiento jurídico e impuestas por éste, derechos y obligaciones, todos orientados a asegurar el mejor desempeño de la función encomendada y a obtener de tal forma la satisfacción del interés público comprometido en ella. La infracción a las obligaciones impuestas trae consigo la obligación de responder; así, la ...

Lo distintivo de los conflictos de poderes reside fundamentalmente en la trascendencia institucional y en la envergadura que revisten, al tratarse de una contienda entre autoridades investidas de potestades públicas, lo cual la dota de matices y connotaciones especiales en orden a la pronta y eficaz resolución del presunto conflicto de competencias que, en mucho, rebasa el encuadre particular o de...