Elementales razones de economía procesal imponen el seguimiento de la postura del más alto Tribunal del país. En efecto, destaca la doctrina especializada que en la actualidad como producto del derecho judicial, ha tomado cuerpo en virtud de una interpretación constitucional mutativa, el criterio de que los fallos de la Corte nacional revisten valor jurídico «vinculante», aunque condicionado al «a...

Frente al pedido de avocamiento formulado por el fiscal general, el primer punto a dirimir es la legitimación del Ministerio Público para formular la petición articulada. La conclusión afirmativa resulta de lo normado por el art. 172, inc. 2, Const. Pcial. y art. 9º, inc. 2, ley 7826, en cuanto le confieren al Ministerio Público la función de «custodiar la jurisdicción y competencia de los tribuna...

Toda medida cautelar requiere, como condición de procedencia, el otorgamiento de contracautela (art. 459 C.P.C.), resguardo éste que no fue tomado, toda vez que el juez interviniente no ha evaluado ni requerido la fianza ofrecida, la que por otra parte no consta haya sido ratificada. Es también condición de la medida cautelar de que se trata la verosimilitud del derecho invocado (art. 483, inc. 1...

La naturaleza excepcional de la acción declarativa de inconstitucionalidad autoriza al Tribunal a disponer su rechazo in limine cuando su improcedencia aparece en forma manifiesta y ostensible. Este aspecto se relaciona con la posibilidad de que el juez examine la proponibilidad jurídica de la cosa demandada para, en función de ella, dar o no curso a la demanda....

La acción declarativa de inconsti-tucionalidad se enmarca dentro de la doctrina judicial según la cual la declaración de inconstitucionalidad de una norma de jerarquía legal constituye la más delicada de las funciones susceptibles de enco-mendarse a un tribunal de justicia, sólo practicable como razón ineludible del pronunciamiento a dictarse (C.S.J.N., Fallos 251:455; 252:328). Es un acto de suma...

La acción directa de inconsti-tucionalidad que resulta manifiestamente improcedente en función de los hechos y el derecho que en ella se invocan, es objetivamente improponible, desde que atenta contra la seguridad jurídica y el principio de la confianza legítima de los ciudadanos en la observancia y el respeto de las situaciones derivadas de la aplicación de normas válidas y vigentes, al manteners...

La Constitución Nacional establece un reparto de competencias y atribuciones entre las diversas esferas de gobierno (nacional, provincial y municipal), que la Constitución Provincial reafirma y desarrolla en orden a las facultades reservadas por las provincias. Dentro de este marco, el principio de la autonomía provincial, importa que las provincias conservan todo el poder no delegado por la Const...

El art. 183 de la Carta Magna local, al reglar sobre los requisitos que deben observar las cartas orgánicas que pue-den dictar los «municipios» en ejercicio de un poder constituyente de tercer grado (conf. art. 181 ib.), establece en su inc. 1 el deber de asegurar «El sistema representativo y republicano, con elección directa de sus autoridades, y el voto universal, igual, secreto, obligatorio y ...

Del texto del art. 183, inc. 5, Const. Pcial. -que no tiene antecedentes en la Constitución de 1923-, como así también del espíritu con que fue concebido dicho precepto en el seno de la Convención Constituyente de 1987, es dable derivar con nitidez los perfiles centrales que caracterizan a las asociaciones vecinales, las cuales constituyen una materia de derecho público que por su indiscutida natu...

Las asociaciones vecinales son personas jurídicas públicas no estatales, cuyo régimen ha sido reglado en la Carta Orgánica Municipal y en la ordenanza reglamentaria, que prevén específicamente el otorgamiento de personería municipal a todas aquellas asociaciones vecinales que conformen su «constitución y funcionamiento» a las prescripciones previstas en ellas. Las asociaciones vecinales que confo...