\r\nte citado en el voto de los Dres. Cafure de Battistelli, Sesin, Tarditti, Rubio, Blanc G. de Arabel y García Allocco).\r\nLa aplicación, para el cálculo del haber previsional, de las prescripciones del decr. 1777/95, deviene ilegítima merced a la inteligencia propuesta por la Corte Suprema y supone su descalificación constitucional para el caso concreto (del fallo de la Corte citado en el voto...

\r\nte citado en el voto de los Dres. Cafure de Battistelli, Sesin, Tarditti, Rubio, Blanc G. de Arabel y García Allocco).\r\nLa aplicación, para el cálculo del haber previsional, de las prescripciones del decr. 1777/95, deviene ilegítima merced a la inteligencia propuesta por la Corte Suprema y supone su descalificación constitucional para el caso concreto (del fallo de la Corte citado en el voto...

ute;utica de la ley como una manera natural de resolver los pleitos; pero en modo alguno reinventando la ley acorde a los casos y mucho menos, ajustándola a situaciones que no han sido previstas por el legislador. Es el mismo estado de derecho el que impone en todo tiempo, el sometimiento de todos los ciudadanos al respeto a la ley y ello es en forma integral.\nSe convierte en un axioma de ...

ute;utica de la ley como una manera natural de resolver los pleitos; pero en modo alguno reinventando la ley acorde a los casos y mucho menos, ajustándola a situaciones que no han sido previstas por el legislador. Es el mismo estado de derecho el que impone en todo tiempo, el sometimiento de todos los ciudadanos al respeto a la ley y ello es en forma integral.\nSe convierte en un axioma de ...

La materia traída a examen de este Tribunal Superior gira en torno de la adecuación constitucional -a la luz de la garantía de juez natural- de la aplicación que el a quo hiciera del art. 57 de la ley provincial 9182, disponiendo la integración del tribunal de juicio con jurados populares, a un hecho ocurrido el 16 de noviembre de 2004. Para reputar transgredida la garantía del juez natural no ...

La materia traída a examen de este Tribunal Superior gira en torno de la adecuación constitucional -a la luz de la garantía de juez natural- de la aplicación que el a quo hiciera del art. 57 de la ley provincial 9182, disponiendo la integración del tribunal de juicio con jurados populares, a un hecho ocurrido el 16 de noviembre de 2004. Para reputar transgredida la garantía del juez natural no ...

La ley 25.820, publicada el 4 de diciembre de 2003, dispuso que las obligaciones de dar sumas de dinero existentes al 6 de enero de 2002, expresadas en dólares u otra moneda extranjera, no vinculadas al sistema financiero, cualquiera sea su origen, haya o no mora del deudor, quedarán pesificadas. Esta norma ha convertido en abstracta y ociosa la discusión acerca de si del juego del art. 11 de la l...

El estado de emergencia económica ya existía a la sanción de la ley 25.561, que sólo se limitó a declararla. Por ello es adecuado a derecho afirmar que sus previsiones comprenden también a quienes ya padecían sus efectos (del voto del Dr. Sesin). Existe un derecho constitucional consolidado en favor de la validez de la emergencia, siempre que se den las siguientes condiciones: realidad de la em...

El principio de igualdad, consagrado en el art. 16 C.N., impone igualar a todas las personas afectadas por una medida dentro de una categoría, evitando distinciones arbitrarias. A la inversa, el principio exige que si se trata de situaciones jurídicas diversas, la regulación jurídica sea igualmente distinta conforme con las particularidades que tipifican cada supuesto. En consecuencia, la ausencia...

En materia de obligaciones existe una diferencia sustancial entre estar en mora y no estarlo. El Código Civil diferencia con claridad ambas situaciones, castigando al incumplidor y ayudando el deudor puntual que se ve impedido de cancelar la obligación por razones que no le son imputables. Desde esa perspectiva, la ley 25.820 deviene inconstitucional al otorgar idéntico tratamiento a situaciones o...