La falta por parte de la administración de una imputación individualizada de las irregularidades ni en oportunidad de llevarse a cabo la indagatoria del presunto responsable, ni al momento de emitir el acto administrativo que impuso la sanción, conlleva a la invalidez de la voluntad administrativa por vicios en los elementos esenciales de dicho acto que la contiene, vinculados tanto al procedimien...

La declaración indagatoria constituye un acto esencial del ejercicio del derecho de defensa, para el cual es imprescindible que se conozca en forma clara y precisa cuál es la conducta imputada, la que debe hallarse debidamente individualizada en sus particulares circunstancias de tiempo, modo, lugar y persona....

El «reparto» de los gastos causídicos, no se vincula a un supuesto de vencimientos recíprocos de las distintas pretensiones esgrimidas por la parte actora y demandada -hipótesis del art. 356 ter del antiguo C.P.C.-, sino a las razones invocadas por el sentenciante, que por su naturaleza, resultan propias para justificar una eximición de costas a la demandada perdidosa -hipótesis del art. 356, in f...

Resulta justo y equitativo eximir a los accionantes del pago de las costas (art. 130 C.P.C.). Ello en mérito a la naturaleza y objeto del procedimiento llevado a cabo, la inteligencia dada por este Tribunal a la normativa constitucional y legal involucrada, el valor y eficacia de cada una de las posiciones defendidas, su resultado final y a que las razones aducidas precedentemente para desestimar ...

La Constitución de la Provincia de Córdoba en su art. 165, inc. 1º apartado «c», atribuye al Tribunal Superior de Justicia de la Provincia la competencia para conocer y resolver en forma originaria, exclusiva y en pleno, de los conflictos internos de las municipalidades, atribución que ha sido reglamentada en el art. 128 de la L.O.M.. La doctrina pacífica de este alto cuerpo ha sostenido que se t...

La medida disciplinaria adoptada por la Comisión Municipal, cuya ilegalidad propician los demandantes, determina la ausencia de una hipótesis actual de conflicto «interno municipal» en que deba intervenir este Tribunal por imperativo constitucional, pues en la especie no existe impedimento alguno para que los integrantes del Tribunal de Cuentas continúen en el ejercicio de las funciones propias de...

Para alcanzar un pronunciamiento positivo acerca de la pretensión impugnativa intentada, es menester que el recurrente ponga de manifiesto el agravio «cierto y efectivo» que le haya producido el fallo. La ausencia de este presupuesto frustra la viabilidad del remedio articulado, al no puntualizarse el interés jurídico concreto por obtener la revisión del pronunciamiento. Ello es así, toda vez que ...

En el marco de la ley 6402 -Estatuto del Personal de la Administración Pública Provincial-, dentro de los derechos reconocidos como consecuencia del status definido para la relación funcional pública, surge como primigenio el de la «estabilidad». Este derecho es reconocido a favor de los agentes incorporados definitivamente a la administración, con los alcances atribuidos por la propia ley (art. 1...

La «estabilidad» integra la plataforma jurídica del sistema previsto como garantía del administrado en relación de dependencia con la administración, teniendo como corolario el «derecho a la carrera» y a «determinado escalafona-miento», y que comprende la posibilidad de progresar dentro de las distintas clases, grupos y categorías del escalafón administrativo y a estar correctamente encasillado. ...

Conflicto de jurisdicción planteado entEl conflicto de jurisdicción planteado, entre el Tribunal Superior de Justicia y la Cámara Contencioso Administrativa, no constituye una cuestión de competencia que, conforme a prerrogativas constitucionales deba resolver el Tribunal Superior de Justicia en forma originaria, exclusiva y en pleno, conforme a la prescripción del art. 165 inc. 1°, apartado b, y ...