En orden al agravio que denuncia la omisión de valoración de la declaración de la denunciante vertida en el debate, es ya jurisprudencia reiterada de esta Sala aquélla que enfatiza que la declaración de nulidad de una sentencia se halla subordinada al principio de interés. Ello es así, por cuanto nuestro sistema procesal no admite la declaraci&oacut...

La exigencia de un interés directo estatuida para los recursos (art. 443 C.P.P.) no sólo es una condición para la procedencia formal sino también para la procedencia sustancial de la impugnación. En ese orden, el análisis relativo a si ese agravio es susceptible de ser reparado a través del recurso, es un juicio que concierne a la procedencia sustan...

La debida motivación lógica y legal de todo pronunciamiento judicial se erige en un principio constitucional que, por un lado, se dirige a lograr el conven¬cimiento de las partes en el proceso respecto de la corrección y justicia de la decisión judicial y por el otro, permite el control de la actividad jurisdic¬cional por vía de recurso. En ese orden de conceptos, la motivación del decisorio debe ...

La conclusión cierta puede derivarse de prueba indiciaria, con la condición de que éstos deben ser unívocos y no anfibológicos, vale decir, que la relación entre los hechos conocidos (indiciarios) debidamente acreditados, no pueda relacionarse con otro hecho que no sea el hecho desconocido, cuya existencia se pretende demostrar (indicado). En tales casos, ...

No corresponde considerar como circunstancia agravante la existencia de conductas calificadas como delictivas sobre las que no recayeron condena, habida cuenta de que ello constituiría una clara vulneración del principio constitucional de inocencia, al no existir sentencia firme que se expida sobre la responsabilidad penal del enrostrado en relación con las imputaciones aludid...

Si bien la demandada es empresaria, el actor no es un trabajador dependiente de ésta cuando no ha habido integración del trabajador en la organización empresaria hotelera, sino sólo un contrato extralaboral para la realización de un opus concreto, e incluso a través de un contratista. El opus se concretó y la vinculación extralaboral ces&oacu...

El plazo del art. 51 C.P. no modifica el régimen de reincidencia que tiene su específico régimen de prescripción ante el cual cede pero prevalece ante la regla del art. 52 C.P. que no depende de plazos sino de cantidad de antecedentes cuya prueba «queda subordinada a la no caducidad de los registros de las respectivas sentencias condenatorias», con arreglo al principio de que la interpretación de ...

Si los plazos de caducidad del art. 51 y los de prescripción del art. 50 se computaran simultáneamente, la primera resultaría una disposición inoperante o redundante, toda vez que establece un término de 10 años que supera al mínimo de la segunda regla y es igual al máximo, evidenciándose así un resultado absurdo, como lo es una disposición legal siempre inaplicable por alguna de las razones apunt...

El inc. 2 del art. 51 C.P. establece que el registro de sentencias condenatorias caducará a todos sus efectos, después de transcurridos diez años desde su extinción para las condenas a penas privativas de la libertad de cumplimiento efectivo (art. 51, inc. 1, a contrario, C.P.). La extinción de la pena privativa de libertad se produce por su cumplimiento, la prescripción (art. 65 C.P.) el indulto ...

La exigencia legal de una debida fundamentación satisface el principio de razón suficiente si los elementos en los que se basan las conclusiones sólo pueden dar fundamento a ellas o, expresado de otro modo, que ellas deriven necesariamente de los elementos invocados en su sustento....