Para determinar si ha existido negligencia en la producción de la prueba, no sólo debe atenerse el juzgador al aspecto temporal, sino que debe escudriñar en la causa, la actividad realmente cumplida por la parte en pos del cumplimiento de la medida procesal. Es esencial que la demora aparejada en la producción de la prueba sea excesiva e irrazonable, por lo que en caso ...

Un único testimonio puede conducir, en consonancia con otros elementos, a un coherente cuadro acerca de la reconstrucción histórica de lo ocurrido, más aún cuando no existen en la causa otros elementos que permitan demostrar que el razonamiento empleado por el sentenciante resulta falaz, o que la valoración hubiera reposado en apreciaciones puramente subjetivas....

El plazo para ofrecer y diligenciar prueba es fatal (art. 49 inc. 4 C.P.C.C.) por lo que el tribunal no puede, pese a no haber mediado resolución formal declarando su clausura, admitir la recepción de prueba una vez vencido dicho plazo, salvo que aquella haya sido diligentemente instada (art. 212 C.P.C.C.).\nEs posible el diligenciamiento de pruebas fuera del término, en los c...

El art. 364 C.P.P., que regula la admisión y rechazo de la prueba, faculta al presidente del tribunal de juicio para que ordene la recepción de la prueba ofrecida. Empero, este mismo precepto legal determina que frente a una prueba evidentemente impertinente o superabundante, es la cámara (tribunal en pleno) la competente para rechazarla por medio de un auto. De este modo, tratándose de un auto, s...

La caducidad de la prueba no es una sanción impuesta por la ley a la parte que no impulsa activamente su producción, sino un medio de evitar que la falta de impulso de la prueba pueda generar una indebida y culpable prolongación de los juicios. Aun mediando negligencia, la caducidad no puede ser declarada si con ella no se consigue el efecto práctico buscado por la norma, que es obtener alguna red...

Entre las diversas normas que regulan la actividad del juzgador, las de mayor trascendencia son aquellas que imponen el deber de fundamentar lógica y legalmente las decisiones judiciales. Tal obligación surge de los arts. 155 Const. Pcial. y 326 C.P.C.C. (del voto de la mayoría, Dres. Cafure de Battistelli, Sesin). La obligación de motivar las resoluciones judiciales no importa sólo que “extern...

Se ha entendido que el resolutorio produce gravamen irreparable si impide o tiene por extinguido definitivamente el ejercicio de una facultad o de un derecho procesal, impone el cumplimiento de un deber o aplica una sanción sin posibilidad de cuestionamiento ulterior, circunstancias éstas que no concurren en la especie desde que la oferente de la prueba estará habilitada a cue...

En orden a la eficacia convictiva que tiene la prueba rendida en sede penal hay que decir que es eficaz, aunque haya sido impugnada, la contraparte no haya participado en aquel proceso. Que el proceso penal haya concluido con la prescripción no significa que la prueba producida en él no tenga valor en la especie. En rigor no se trata de una eficacia directa, sino de una mediata, es d...

La conducta seguida por las partes, generalmente proporciona indicios respecto de la veracidad de las manifestaciones, del sentido de sus actos anteriores, de la intención o finalidad que los llevó a contratar, de la procedencia de sus pretensiones, etc.. Lo que ha hecho al legislador asignarle relevancia a la hora de interpretar los contratos (art. 218 inc. 4 CCom.) o confrontar presunciones judi...

Las pruebas tienen distinta eficacia en función del contacto más o menos directo con el magistrado. Ciertos medios suponen un contacto inmediato, mientras que otros importan la reconstrucción o representación de hechos. Finalmente, a falta de comprobación directa o de representación, otros configuran un sistema lógico de deducciones e inducciones (presunciones) La prueba se hace más incierta a med...