Las hojas anexas en donde se designan como beneficiarios a los herederos legales quedan invalidadas por la fuerza convictiva de la declaración de voluntad del asegurado, hoy causante, de otorgar este beneficio a su madre que no resulta ser la heredera forzosa como prescriben los arts. 3567 y 3585 C.C....
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El art. 757, inc. 4, C.C., prescribe que la consignación puede tener lugar cuando fuese dudoso el derecho del acreedor a recibir el pago y concurrieren otras personas a exigirlo del deudor....
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El juzgador puede apartarse del principio objetivo de la derrota (art. 130 C.P.C.C.) si a su criterio, existen elementos objetivos que conlleven a dicho apartamiento.
Corresponde imponer las costas al actor cuando la confusión de la legitimación pasiva por parte de ambas codemandadas y el conflicto de intereses suscitado, fue producto del error administrativo en que incurrió la compañía asegurado...
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El decr. 2656/01 del Poder Ejecutivo Provincial -denominado de «necesidad y urgencia»- es manifiestamente inconstitucional toda vez que la Ley Fundamental de Córdoba no prevé este tipo de normas, como ocurre en el orden federal, donde la Constitución Nacional lo legisla expresamente (art. 99 inc. 3)....
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Las cuestiones de orden netamente procesal, como la suspensión de plazos procesales abordada expresamente por el decr. 2656/2001, están reservadas al Poder Legislativo de la Provincia....
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El Poder Ejecutivo Provincial no tiene atribuciones para el ejercicio del poder de policía de emergencia toda vez que, para ello, previamente debe haber una ley dictada por el Poder Legislativo que así lo establezca, lo que no ha ocurrido en Córdoba.
El art. 13 Const. Pcial. prohibe expresamente a un poder delegar en otro sus atribuciones constitucionales; por lo tanto, no puede el Ejecutivo adop...
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La ord. 2016 del 2001 dictada por el Concejo Deliberante de Río Tercero es inconstitucional, pues se basa en una norma superior absolutamente inconstitucional, como es el decreto provincial 2656/01....
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Cuando una persona presta servicios en provecho de otra, pero vinculada en subordinación con un tercero interpuesto, sea contratista o subcontratista, no existe vínculo laboral entre el beneficiario de los servicios prestados y los trabajadores que los realizan; la relación jurídica de trabajo sigue siendo una sola y no es otra que la entablada con el operario y el contratista o subcontratista (de...
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Si los accionantes no fundaron la acción deducida en la existencia de una relación individual de trabajo, ni en el art. 30 L.C.T., norma que ha inspirado al art. 12 decr. 491/97, reglamentario de los apartados 4 y 5 del art. 39 de la ley de riesgos del trabajo, surge claro que el caso no encuadra en ninguno de los dos primeros incisos del art. 1º del Código de Procedimiento Laboral (del voto de Dr...
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La legislación procesal moderna aparece decididamente encaminada a instituir, con relación a las partes y a sus representantes o asistentes, el deber de actuar en el proceso con lealtad y buena fe. El ordenamiento civil adjetivo de Córdoba tiene una norma específica (art. 83 C.P.C.C.) que sanciona la inconducta procesal genérica; de donde resulta indubitable que el propósito del legislador ha sido...
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