En virtud del principio de congruencia, el tribunal de mérito encuentra limitada su decisión, no pudiendo soslayar la base fáctica de la cuestión litigiosa emergente de los términos de la demanda y su contestación. Empero, no sucede lo mismo con la aplicación del derecho a la cuestión traída a su conocimiento, teniendo éste una amplia libertad para establecer las normas aplicables en virtud de la ...

La anulación de los actos adminis-trativos enjuiciados crea en favor del administrado una presunción iuris tantum favorable a la existencia del perjuicio pero no de su medida. De ahí que si bien a falta de norma legal expresa al respecto, no procede en principio como reparación, el monto total de los salarios caídos durante el lapso que duró la separación de funciones, por cuanto el sueldo constit...

Resulta razonable que habiéndose demandado la declaración de nulidad del acto administrativo cuestionado con el consiguiente restablecimiento de la situación jurídico subjetiva administrativa lesionada (conf. art. 38 ley 7182) aun cuando la pretensión con contenido pecuniario se refiere a los haberes adeudados, el tribunal a quo en virtud del principio iura novit curia podía diferir para la etapa ...

De acuerdo con el art. 384 C.P.C.C. el recurso de casación sólo procede en contra de sentencias definitivas o autos equiparables a ellas que concluyan con el pleito, hagan imposible su continuación o causen un gravamen irreparable. Tal agravio debe ser cierto, actual y evidente y encontrarse acreditado de manera harto clara y fehaciente....

La sentencia dictada en un juicio posesorio no hace cosa juzgada con relación al derecho de poseer. La decisión que se dicte en el posesorio es provisoria y no impide la posterior promoción del petitorio, donde la misma cuestión puede ser debatida y resuelta definitivamente, tal como lo establece el art. 779 inc. 2 C.P.C.C.. Por lo tanto, contra las sentencias dictadas en juicios posesorios, no pr...

Con la libertad asistida se pretende evaluar cuál es el grado de reinserción logrado y a ello se dirigen las condiciones que se imponen y la supervisión que se exige (art. 55 ley 24.660). Pero ello no importa su concesión en forma automática sin efectuar el pronóstico de peligrosidad que prevé la ley: posibilidad de daño para sí o para la sociedad, en base a los informes criminológicos que se pose...

La calificación de concepto tiene un efecto orientador (art. 104 ley 24.660) que proporciona al juzgador un elemento más para apreciar la viabilidad de la concesión de todo egreso del condenado (arts. 4º, 3º y concs. de la citada ley)....

La regla contenida en el art. 41 bis C.P. no es una mera agravante general, sino que esta repercusión sobre la magnitud de los marcos punitivos establecidos en los delitos de la Parte Especial y las leyes complementarias, se produce por la incorporación de una modalidad típica de ejecución de un delito violento (uso de arma de fuego) no contemplada por aquéllos. La ventaja dogmática que reporta s...

La razón de la agravante no se halla, en este caso, en el mayor peligro para la vida, sino en que el autor de este delito se ha valido de un medio como el arma de fuego, con alto poder letal o lesivo, la que le brinda más seguridad, al mismo tiempo que anula las posibilidades defensivas de su víctima, todo lo cual revela una superior magnitud de injusto....

Cuando se encuentre consumado el delito de homicidio simple agravado por el uso de armas de fuego, la escala penal partirá de un mínimo de 10 años y 8 meses de prisión o reclusión y su tope será de 25 años -al no poder superar éste el máximo le-gal de la especie de pena-. Sobre este marco punitivo debe realizarse, entonces, la disminución que prevé el 1er párr. del art. 44 C.P., de lo cual surge q...