El daño presente implica su acontecimiento actual y no potencial. El daño presente es aquel que se manifiesta desde el hecho dañoso hasta la actualidad, hecho que no se configura puesto que la desocupación del inmueble aún no ha sido llevada a cabo. Por lo tanto, estamos en presencia de un daño futuro, es decir de aquél que ha de producirse o continuar más allá del litigio. Corresponde establecer...

Si los actores arribaron a un «acuerdo integral» con la compañía de seguros citada en garantía, en razón de que ésta reconoció la pretensión de aquéllos, y acreditado que los demandados no participaron en la concertación del acuerdo transaccional y que dicha concertación no ha sido incorporada al proceso, debe tenerse a los actores por desistidos de la acción y del derecho, con costas a cargo de l...

Las costas no encuentran su razón de ser en la relación contractual que unía a los demandados con su aseguradora, sino en el resultado del juicio, más precisamente en la conducta procesal desplegada por la parte actora y que aparejó la conclusión del presente litigio por desistimiento de la acción y del derecho. Aun cuando lo convenido extrajudicialmente podría configurar una transacción entre los...

Los recurrentes confunden la fuente de la obligación. Las costas no reconocen su origen en el contrato de seguro, sino en la conducta procesal adoptada por aquéllos, es decir, el desistimiento. El contrato de seguro rige la relación entre los demandados y la compañía aseguradora, y los actores son terceros respecto de dicha relación y como tales no les es posible invocarla (art. 1199 C.C.)....

No puede asignarse eficacia interruptiva a la solicitud de búsqueda del expediente, porque no trasunta la voluntad de activar el trámite, como que de hecho no tuvo ese efecto. No trasunta esa voluntad por dos razones: primero, porque los autos no estaban extraviados, sino más bien paraliza¬dos por la inactividad prolongada durante más de un año; y segundo, porque después del pedido y de la aclarac...

Resulta inconstitucional la modifi-cación a la ley de procedimiento fiscal 11.683, introducida por el art. 18, incs. 5 y 7 ley 25.239, por cuanto afecta decididamente el principio republicano de división de poderes, desde que ha asignado al poder administrador claras facultades jurisdiccionales, al punto tal que es difícil y complejo dirimir quién, en definitiva, es el titular del ejercicio juris...

Las disposiciones de la ley 25.239 que modifican el procedimiento fiscal, implican un claro agravio a la garantía constitucional de la defensa en juicio y del debido proceso. La figura del juez como «tercero imparcial» existente en todo proceso, aquí brilla por su ausencia, el organismo fiscal se convierte en juez «director del proceso» y parte a la vez. No es suficiente que el magistrado interven...

De conformidad con la ley 25.239, es el agente fiscal, y no el juez, quien está facultado para librar bajo su sola firma, mandamiento de intimación de pago y embargo; asimismo, debe trabar las medidas precautorias correspondientes, debe expedir -el agente fiscal, no el magistrado «asignado»-, un oficio, que tendrá el mismo valor de una requisitoria y orden judicial. En el caso que el demandado no ...

La disposición de la ley 25.239, modificatoria del proceso de ejecución fiscal, que omite el dictado de la sentencia, se encuentra en flagrante contradicción con lo dispuesto por el art. 17 C.N. Los acreedores tienen derecho a cobrarse la deuda ejecutando los bienes pertenecientes al deudor. Pero dicha ejecución debe ser el resultado de un proceso justo y su consecuente resolución o sentencia, don...

Si el daño hubiere sido causado por el riesgo o vicio de la cosa, el dueño o guardián sólo se eximirá total o parcialmente de responsabilidad, acreditando la culpa de la víctima o de un tercero por quien no debe responder. Claro está que como en toda obligación, también debe admitirse como excusa el caso fortuito o la fuerza mayor....