El derecho colectivo del trabajo, uno de cuyos puntos nodales se refiere al derecho de las asociaciones profesionales, es uno de los aspectos en que un derecho prevalentemente privado como es el derecho del trabajo, aunque con normas de orden público relativo que funcionan como piso, avanza sobre el derecho administrativo laboral, que rige las relaciones del Estado en cualquiera de sus nive...

El art. 48 L.A.S. reconoce a los trabajadores que ocupen cargos electivos o representativos en asociaciones sindicales con personería gremial, entre otros casos, y que dejaran de prestar servicios, entre otros derechos: ?el derecho a gozar de licencia automática sin goce de haberes?. Tal licencia es automática y ?no genera derecho a la remuneración, precisamente por el ...

No existe violación de la libertad sindical si la demandada optó luego apoyándose en una ordenanza municipal no cuestionada oportunamente en su constitucionalidad y adecuada a normas de superior jerarquía, por no conceder más licencias gremiales pagas y ajustarse a la ley específica, pues nadie está obligado hacer lo que no manda la ley ni privado d...

El derecho de organización sindical libre y democrática, que reconoce el art. 14 bis C.N., que es uno de los derechos fundamentales del trabajo según lo declaró la O.I.T., y fluye de los convenios de la O.I.T. Nros 87 y 95, que tienen jerarquía constitucional atento a la previsión del art. 75 inc. 22 C.N., según la reforma de 1994, no es absoluto si...

La determinación de la jornada laboral y de la consiguiente remuneración es unilateralmente establecida por la ley, observando una estrecha vinculación con el principio de legalidad presupuestaria, de tal suerte que los criterios que la propia ley tiene en cuenta para determinar las retribuciones de los funcionarios o empleados del sector público, en un momento dado, responden a un acto de opción ...

El primer deber impuesto a todo empleado por la ordenanza es prestar el servicio con eficiencia, capacidad y diligencia. Eficiencia es actividad que produce un efecto, es decir el agente debe hacer la actividad encomendada y no buscar la justificación para no hacerla.\nDebe obrar con capacidad, es decir con talento, inteligencia y creatividad para sortear los obstáculos y con diligen...

Según el denominado «principio de congruencia», la sentencia debe ser congruente con la demanda y su contestación, cuyas pretensiones respectivas, oportunamente deducidas en el proceso, delimitan el objeto del litigio. La congruencia, obliga al juez a no traspasar el marco definido por los motivos -alegaciones en la ley- a la hora de fundamentar su decisión y si bien pueden ac...

Ninguna norma de la ley 5501, ni de su decreto reglamentario 266/73, establece respecto de la incapacidad total y permanente, que para ser indemnizable el siniestro debe ser denunciado estando vigente la relación de empleo público. Consecuentemente, dentro del respectivo plazo de prescripción, el asegurado podrá reclamar la indemnización correspondiente, para lo ...

Si el legislador cordobés hubiese querido que la cobertura del riesgo de incapacidad total permanente cesara cuando el agente cumpliese los sesenta años de edad, lo hubiera establecido expresamente en la ley 5501, determinando la continuidad de la cobertura sólo por el riesgo de muerte, esto es de modo similar a lo normado en el art. 11 para el supuesto de cese de la relaci&oa...

El control de constitucionalidad no comprende la facultad de sustituir a los órganos de gobierno en la determinación de las políticas o en la apreciación de los criterios de oportunidad, mérito o conveniencia. Todo lo relativo al ejercicio de las facultades privativas de los órganos de gobierno queda, en principio, excluido de la revisión judicial y...