La obligación tributaria no nace para el contribuyente a partir del momento en que la administración pretende el cobro compulsivo de las cuotas adeu¬dadas, sino con la realización del hecho imponible. El control directo de inconstitucionalidad por la vía de la acción prevista en el art. 165 inc. 1, apartado a, Const. Pcial. no tiene la virtualidad para enervar el ejercicio de la potestad tribut...

Para que una legislación de emergencia pública sea constitucional deben concurrir los siguientes requisitos: a) que exista una situación de emergencia que imponga al Estado el deber de amparar los intereses vitales de la comunidad; b) valoración o apreciación de tales hechos en función de la determinación de los comportamientos a seguir; c) fundamento jurídico de la emergencia, competencia, forma ...

El análisis de la razonabilidad de la moratoria relativa a una emergencia pública debe incluir el de la naturaleza de la obligación cuya moratoria se dispone. Así, si el daño cuyo resarcimiento corresponde al Estado provincial trasciende lo puramente patrimonial, como ocurre cuando afecta la capaci- dad productiva de las personas, trabajen o no en relación de dependencia con el Estado; o la salud...

El Colegio de Abogados de la ciudad de Córdoba ostenta legitimación procesal suficiente como para promover la demanda declarativa de inconstitucionalidad, tanto por derecho propio como en representación de sus colegiados. Igual consideración debe dispensarse respecto de la aptitud jurídico procesal para la promoción de la demanda en análisis en relación con los abogados accionantes, en razón de qu...

En razón del interés público comprometido, debe admitirse en su plenitud el requerimiento cautelar disponiendo la continuidad de los concursos en trámite por aplicación de la ley 8802 y, consecuentemente, ordenar a los otros poderes del Estado que se abstengan de proponer y considerar acuer¬dos para magistrados y funcionarios que no hayan surgido de los procesos de selección a través del Consejo d...

No se encuentra configurado en la cautelar bajo análisis (medida de no innovar) el requisito relativo al peligro en la demora. Al respecto debe recordarse la previsión contenida en el art. 14 de la ley 9061 (modificatorio del art. 19 ley 8097) cuyo sentido y alcance fueran clarificados mediante la reglamentación dispuesta por el Ejecutivo (art. 18 decr. 2321). Por otra parte, el Poder Ejecutivo de...

El decr. 2656/01 contiene disposiciones que son propias de la competencia legislativa, no existiendo norma alguna que permita su ejercicio por el Poder Ejecutivo. Los argumentos que contienen los considerandos de la mencionada norma, no responden a la realidad del orden jurídico vigente en la provincia, configurando una franca incursión en un ámbito expresamente prohibido por el art. 13 de la Cons...

La suspensión de los plazos procesales que enuncia el art. 19 del decr. 2656/01, resulta a su vez, también inconstitucional por no haber sido dispuesta por el órgano constitucional competente. Sólo la Legislatura, mediante ley, y en ejercicio de las atribuciones que le confiere el art. 104, inc. 24 Const. Pcial, podría disponer una suspensión como la pretendida. Dicha norma viola el derecho de def...

El instituto del amparo por mora de la administración, constituye un instrumento puesto a disposición del administrado tendiente a remediar la mora, inercia o inactividad de la administración ante una conducta debida en ejercicio de función administrativa, con la pretensión de salvaguardar el derecho que tiene todo administrado a obtener del Estado una respuesta concreta frente a una petición o re...

Con el ejercicio de la acción de amparo por mora el administrado persigue obtener una decisión jurisdiccional que contenga una orden o mandamiento de «pronto despacho» dirigida a la autoridad administrativa obligada a emitir una resolución frente a una petición, reclamo o recurso, para que dicte en el tiempo que prudencialmente fije el juez, el acto administrativo que corresponda con relación a di...