El precepto cuya validez constitucional debe examinarse es el art. 5º quinquies de la ley 9024/02, incorporado por la ley 10117/12 y según el cual en los juicios de ejecución fiscal la perención de la instancia se operará en el plazo de dos años en primera instancia y en el término de un año en los procedimientos incidentales y en segunda o ulterior instancia. Con anterioridad a la sanción de ...

El precepto cuya validez constitucional debe examinarse es el art. 5º quinquies de la ley 9024/02, incorporado por la ley 10117/12 y según el cual en los juicios de ejecución fiscal la perención de la instancia se operará en el plazo de dos años en primera instancia y en el término de un año en los procedimientos incidentales y en segunda o ulterior instancia. Con anterioridad a la sanción de ...

Para el caso de supuesta comisión de un delito por parte de un magistrado o funcionario sujeto a juicio político, jurado de enjuiciamiento o juicio de destitución, el texto actual del art. 14 del C.P.P. consagra la inmunidad de juicio y no de proceso, como lo hacía la norma anterior. Por tal motivo, los órganos jurisdiccionales encargados de la investigación de los hechos supuestamente delictuosos...

La consideración rectora del interés superior del niño que establece la Convención sobre los derechos de aquél ( art. 3º, art. 3º de la ley 23.061; art. 3º ley 9944) constituye una pauta cierta que orienta y condiciona no sólo las decisiones sino también la intervención de los tribunales a la hora de velar sobre el porvenir de los menores de edad. Opera imperativamente con un papel integrador que ...

Se plantea un conflicto de aplicación de la ley en el tiempo, ya que corresponde determinar qué ley debe regir el trámite del recurso de apelación, o en su caso, determinados actos procedimentales; siendo, a la vez, liminar la determinación de la competencia en materia de apelación de multas impuestas por la autoridad de aplicación, respecto de los recursos ya concedidos y no elevados al momento d...

La acción de inconstitucionalidad en vía principal cumple un rol preventivo, propio de su función productora de certeza jurídica, al eliminar los posibles conflictos antes de que un derecho sea transgredido, cuando sólo pesa sobre él una amenaza. Los accionantes ponen en crisis el art. 8º del Código Electoral Provincial, disposición que fue plenamente aplicada en las elecciones provinciales celebr...

Son electores quienes cumpliendo con las exigencias fijadas en la normativa electoral vigente se encuentran en condiciones de ejercer plenamente sus derechos políticos. Entre esos requerimiento, la exigencia de la edad se pondera y repercute directamente sobre dicha condición que toda persona puede o no adquirir. En tal sentido, el art. 8º de la ley 9571 es claro al establecer que son electores pr...

La regla federal electoral consagrada en la Constitución Nacional, que impera en nuestra vida institucional desde la perspectiva del derecho electoral, dispone que tanto la formulación como el dictado de la legislación referida a la elección de las autoridades nacionales es competencia del Estado Nacional, al igual que su aplicación; en tanto que en el caso de los estados federados, éstos tienen l...

La facultad de cada provincia de organizar y regular su propio régimen electoral reconoce un marco de contención que le impone un límite infranqueable dado por los principios y garantías esenciales que encuentran amparo constitucional. Algunos de los requisitos contemplados en el art. 37 C.N. con respecto al sufragio, resultan de aplicación erga omnes por su carácter sustancial, como por ejemplo l...

El Poder Judicial debe controlar la juridicidad de los actos de los demás órganos del poder, pero nunca suplantarlos o reemplazarlos en las funciones que constitucionalmente corresponden a cada uno, ello en virtud del principio republicano de división de las funciones del poder. El análisis puntual respecto de la conveniencia o inconveniencia de que se vote a los dieciocho (18) o dieciséis (16) añ...