La correlación entre acusación y sentencia no ha sido objeto de tratamiento específico en la ley 7956 que reglamenta el procedimiento ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, por lo cual es de aplicación la ley supletoria, es decir el Código Procesal Penal de la Provincia. En su texto actual, el principio de la correlación entre acusación y sentencia se encuentra resguardado en diferentes...

El art. 46 de la ley 7956, que reglamenta el enjuiciamiento de magistrados y funcionarios del Poder Judicial, establece expresamente la irrecurribilidad de las decisiones del jurado. La interpretación de las disposiciones mencionadas debe efectuarse teniendo en cuenta la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que en numerosos fallos ha admitido el contralor judicial, a trav...

La destitución dispuesta por la causal «supuesta comisión de delitos» no es una pena, pues su imposición compete exclusivamente al Poder Judicial después de cumplido el juicio previo (art. 18 C.N.), y éste en su amplia acepción de proceso penal sólo puede ser iniciado en contra de quien cuenta con una inmunidad procesal, luego de removido del cargo por el órgano competente según la Constitución Pr...

No puede ser aplicado analógicamente el efecto suspensivo estatuido como disposición general para los recursos en el Código Procesal Penal (art. 453), el cual en estricto sentido sólo rige cuando se trata de sentencias condenatorias, pues las absolutorias son ejecutables aunque fueran objeto de impugnación (art. 411). Siguiendo la naturaleza administrativa del enjuiciamiento, debe recordarse que l...

La acción declarativa de inconstitu-cionalidad de una ordenanza municipal habilita la competencia originaria y exclusiva del Tribunal Superior de Justicia si la cuestión constitucional se discute en «caso concreto», por «parte interesada» y la norma impugnada estatuye sobre «materia regida por la Constitución de la Provincia» (art. 165 inc. 1º, apartado a, Const. Pcia.), ya sea que emerjan en form...

En orden al requisito relativo a «ca-so concreto», el sentido de la expresión «caso» de la Carta Magna Provincial, no equivale sólo a litigio sino también a conflicto de intereses. Se configura «caso concreto» al mediar un interés suficiente para proponer la acción, mediante la cual se procura superar la falta de certeza en cuanto al derecho, provocada por la sanción de la ordenanza impugnada (T....

La acción declarativa de certeza no excluye la procedencia de una medida de no innovar en tanto se den los demás requisitos necesarios para su admisión: a) verosimilitud del derecho invocado; b) peligro en la demora; c) la cautela no pudiere obtenerse por medio de otra medida precautoria y d) contracautela (art. 483 y concs. C.P.C.), en cuya ponderación los razonamientos lógicos no deben someterse...

La «verosimilitud del derecho» y el «peligro en la demora» no se verifican ya que los agravios aducidos carecen de la suficiente inmediatez para poner de manifiesto la gravedad de la lesión al derecho que se estima vulnerado, al no mediar una actividad explícita del poder administrador, dirigida a hacer efectiva las previsiones de la ordenanza impugnada, cuya aplicación podría resultar meramente h...

Cuando el nuevo texto de la Constitución Provincial, en su art. 58, establece que “la vivienda única es inembargable, en las condiciones que fija la ley”, tal garantía constitucional, por ser de naturaleza programática (o sea que traza directivas para la realización posterior), quedó absorbida por los institutos legales existentes a la fecha de la entrada en vigencia de dicha Constitución -ley pro...

1. Se fijó como época de determinación de la incapacidad la del distracto - agosto de 1990 -, fecha en la que el importe del SMVM ascendía a veinte mil australes, suma que había sido fijada por Resolución 7/89 del Consejo Nacional del Salario Mínimo, Vital y Móvil, en julio de 1989, es decir, hacía más de un año, y que permaneció inmóvil hasta el 1/9/90 en que fue elevado a setecientos veinte mil ...