No se descarta que los arts. 7º y 10º de la Ley 23.928 y el nominalismo que subyace a esas directivas, también captado por el art. 766 C.C. y C., resultan susceptibles de ser tachados de inconstitucionales frente a la realidad del proceso inflacionario de los últimos diez años.
La normativa que sostiene el principio nominalista no es aplicable al caso en análisis porque, aun cuando no se hayan...
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El demandado no puede prevalerse de una conducta inapropiada de su parte –abandono del inmueble-, ya que es de toda lógica que correspondía el resguardo del mismo hasta tanto se dispusiera lo que fuere menester con respecto a una locación que se mantenía vigente.
La conducta debida por el demandado, si pretendía hacer cesar la obligación de pago, era entregar efectiva e incondicionalmente el i...
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La ley provincial 10.456, que modificó el art. 46 del C.P.T., establece que, tratándose de acciones derivadas de la ley sobre riesgos del trabajo, el trabajador debe acompañar, previo requerimiento del juez bajo sanción de inadmisibilidad, los instrumentos que acrediten el agotamiento de la vía administrativa por ante la comisión médica correspondiente.
El planteo referido a que el silencio de ...
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Suscitan cuestión federal bastante para habilitar formalmente la instancia del art. 14 de la ley 48, los agravios en los que la sustancia del planteo conduzca a determinar el alcance que en definitiva quepa atribuir a las garantías constitucionales que resguardan contra toda injerencia o intromisión arbitraria o abusiva a la esfera privada de las personas; así como también de las normas rituales q...
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Para afirmar que una intervención telefónica no se halla motivada, carecen de sustento suficiente para ser considerados válidos y representan meras discrepancias con el criterio del magistrado que dispuso la intervención, aquellos argumentos que no explican qué motivos impedirían constituir una motivación suficiente de sospecha razonable a partir de la información denunciada en la causa. Ello ocur...
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En tanto los decretos anulados involucran a un gran número de trabajadores, no solo al accionante, se evidencia que la nulidad de los mismos no estuvo dirigida a afectarlo en su carácter de delegado gremial y en la tutela que, como tal, detentaba.
El decreto cuestionado no atenta contra su función sindical, sino que obedece a cuestiones institucionales propias del ámbito de la Administración P...
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Las medidas precautorias son un anticipo de la garantía jurisdiccional y tienen por finalidad impedir que el derecho cuyo reconocimiento se pretende obtener a través del proceso pierda su virtualidad o eficacia durante el lapso que transcurre entre su iniciación y el pronunciamiento de la sentencia definitiva; no pudiendo ejercerse de modo abusivo que imposibilite el normal desenvolvimiento de la ...
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En relación al estímulo educativo, no es necesario que los cursos de formación profesional o equivalentes a los que alude la ley de ejecución, cuenten con certificación oficial. En tal sentido, cabe reparar en que la ley nacional de educación –a la que remite el art. 140– entre sus objetivos establece la necesidad de incentivar la capacitación de las personas privadas de libertad, reconociendo el ...
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La regla que exige la correlación entre acusación y sentencia es una entre varias que conforman el principio procesal de la inviolabilidad del derecho de defensa en juicio. Para hacer efectiva la garantía constitucional de la defensa en juicio, se hace necesario que entre la acusación intimada (originaria o ampliada), y la sentencia medie una correlación esencial sobre el hecho, la que impide cond...
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El estándar de revisión casatoria de la absolución en virtud del in dubio pro reo se acota a los supuestos de falta de fundamentación, fundamentación ilegal, o fundamentación ilógica u omisiva, manteniéndose ajenos a esta vía los agravios enderezados a procurar el control de la aplicación de las reglas de la sana crítica racional en la determinación del valor conviccional de las pruebas....
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