La diferenciación entre los dos aspectos que han merecido tratamiento separado por arte del tribunal de grado obedece, a que el primer enfoque se ciñe a determinar la posibilidad o no de utilizar la notificación por edictos cuando se conoce el domicilio del obligado (asunto de corte formal o procedimental reglado por el art. 54 del –por entonces– Código Tributario y la Resolución Nº 1223); mientra...
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Corresponde ingresar al otro motivo casatorio que resultara habilitado por la cámara a quo. Puntualmente, el planteo que pretende –por la vía del inc. 4 del art. 383 C.P.C.C.– la aplicación de la doctrina legal emanada del alto cuerpo en el precedente “Fisco de la Provincia c/ Ullate, Alicia Inés” en orden al criterio de la anualidad como circunstancia determinante del momento inicial en el cómput...
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El art. 1103 del Código Civil vigente en ese entonces, cuyos alcances se discuten en el caso, disponía: “Después de la absolución del acusado, no se podrá tampoco alegar en el juicio civil la existencia del hecho principal sobre el cual hubiese recaído la absolución”. Lo que marcaba este precepto no es que el absuelto no pueda ser responsable en sede civil, sino que no podrá fundarse una eventual ...
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La existencia de elementos indiciarios, presunciones y prueba concreta que evidencian la continuidad de la explotación en el seno familiar más que una transferencia propiamente dicha de establecimiento, conforman circunstancias que indistintamente habilitan la vía de la solidaridad pretendida.
La continuidad ininterrumpida de la explotación desde que la carnicería era de CG, padre de RRG, que ...
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La solidaridad se impone, aun cuando pudiere concluirse que no se trata de una simulación sino de una transferencia de establecimiento, pues la previsión del art. 228 LCT, debe considerarse como comprensiva de las obligaciones laborales pendientes de cumplimiento a la fecha de la transferencia ‘bajo cualquier forma o figura’.
La posición doctrinaria amplia en la interpretación del art. 228 LCT ...
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La actora no cuestiona la normativa municipal aplicable en la especie, sino que denuncia su violación sistemática en la zona, lo que implica cuestionar el ejercicio del poder de policía por parte del Municipio demandado, tanto por acción como por omisión de fiscalización y control, con potencialidad cierta de causar el daño ambiental que invocan (del voto del Dr. Sánchez y la Dra. De Guernica –may...
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Los derechos constitucionales al ambiente sano y equilibrado, del que forman parte el derecho a la salud y el derecho a un urbanismo sustentable, son derechos no solo individuales sino colectivos (del voto Dra. Ortiz de Gallardo –en disidencia–).
A ello se suma otro derecho urbanístico de titularidad individual y colectiva, cual es el derecho a conservar la identidad de una comunidad, barrial, ...
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En la acción de amparo interpuesta, está en juego el derecho a la información ambiental, reconocido también en el art. 41 C.N. (del voto Dra. Ortiz de Gallardo –en disidencia–).
A los amparistas les asiste el derecho a recibir una información adecuada de cada una de las notas en las que pusieron de manifiesto ante las autoridades del Ejecutivo municipal la problemática ambiental generada a part...
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La razón para desentenderse de los accesorios en función de que serían motivo de un reclamo administrativo previo, o sea que no habilitarían la competencia de estos tribunales civiles, no es procedente. La naturaleza de la cuestión no dista de ser un cobro de pesos, que no involucra un acto administrativo. Y esa suerte sigue la cuestión accesoria eventual, los intereses moratorios que pudieran rec...
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Es de estricto sentido de justicia el que se reconozca judicialmente el valor que corresponde a lo adeudado más allá de su expresión nominal. En la actualidad la fijación de intereses es el camino elegido mayoritariamente para ello, a partir de la vigencia de la Ley 23.928 que impide otros parámetros para mantener el valor del dinero.
Tiene dicho la Corte Suprema de la Nación que el dinero no ...
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