En cuanto al análisis de la procedencia de la prisión preventiva de conformidad a lo expuesto, este tribunal entiende que se verifican en el caso los presupuestos exigidos por el inc. 1 del art. 281 C.P.P., puesto que se achaca la comisión de un delito de acción pública (cohecho activo) reprimido con pena privativa de la libertad (uno a seis años de prisión) y en caso de recaer condena no aparece ...

Debe presumirse iuris tantum, la peligrosidad procesal del imputado representada por la hipótesis de imposición futura de una pena de ejecución efectiva. Tal extremo crea una situación que, para ser desechada, requiere la justificación de la existencia de especiales condiciones que aun en la posición del imputado, indiquen que tal peligrosidad procesal no existe; es decir deben darse elementos de ...

Desde el punto de vista jurídico no existe diferencia estructural entre el impuesto y la tasa, desde que ambos tienen su fundamente en el poder tributario del Estado, que a su vez reposa en el poder de imperio, independientemente de la voluntad de los particulares. En supuestos en que la actividad comercial se desarrolla dentro del ámbito municipal sin que medie asentamiento alguno de locales,...

La ley 7182 ha incorporado a continuación del primer párrafo del art. 9º la posibilidad de que el contribuyente o responsable pueda sustituir el cumplimiento del solve et repete por la constitución, en favor del fisco respectivo -por sí o por tercera persona- de póliza de seguro de caución, por lo que la actora se encuentra legalmente autorizada para la sustitución del cumplimiento del solve et re...

Conforme se desprende de los términos del art. 19 C.P.C.A., para la viabilidad de la suspensión de la ejecución del acto administrativo, el legislador ha tratado de establecer un balance entre el grave daño al administrado que le puede ocasionar dicha ejecución y el menoscabo que su suspensión pueda acarrear a los intereses colectivos que el Estado atiende en su actividad, es decir, que el proveim...

El art. 92 bis L.C.T. dispone la indeterminación del plazo del contrato de trabajo, pero durante los tres primeros meses, este periodo se entiende que es a prueba y cualquiera de las partes podrá extinguirlo en ese lapso sin expresión de causa, sin derecho a indemnización pero con la obligación de preavisar según los arts. 231 y 232 del mismo plexo legal. Si la duración de la relación ha sido d...

Si el actor se encontraba registrado media jornada y la realidad indica que laboraba jornada completa, es decir que al momento del despido estaba registrado de modo deficiente resultaría aplicable el art. 1º de la ley 25.323, pero en la especie no corresponde su pago ya que el resarcimiento es sobre el art. 245 L.C.T. cuyo pago no es aplicable conforme el contrato de trabajo extinguido en el perío...

El principio de congruencia no está establecido por un mero prurito de concordancia entre la demanda y la sentencia, sino como medio para asegurar la garantía constitucional de la defensa en juicio. No vale por sí mismo sino en el sentido indicado, evitando que el demandado o reconvenido puedan llegar a ser condenados en virtud de pretensiones o hechos respecto de los cuales no tuvieron oportunida...

La doctrina ha fijado en qué circunstancias el ejercicio de la facultad de allanarse justifica el apartamiento del principio objetivo de la derrota. En la medida en que no es un castigo o sanción para el litigante vencido, sino que se aplica como una reparación de los gastos en los que ha incurrido la contraria para obtener el reconocimiento, todo aquello que conduzca a apartarse del principio o...

La diferencia entre un plazo determinado -cierto o incierto- y uno indeterminado es ostensible. En el primer caso existe un mayor grado de certeza en las dos modalidades posibles, pues según los arts. 567 y 568 C.C. el tiempo de cumplir se fija respecto de una fecha cierta establecida con relación a un día, mes y año u otro acontecimiento cierto, o bien se fija remitiendo a un hecho que ciertament...