El decreto que ordena el cese de la suspensión del proceso y su prosecución según su estado no constituye una sentencia definitiva, pues no pone fin al proceso ni impide su continuación sino que involucra la continuación de uno que se encontraba suspendido, por no mediar más el obstáculo transitorio (declaración de prejudicialidad penal) a la prosecución de la acción que había motivado el acogimie...

En materia de ejecución penitenciaria la denuncia de vulneración del derecho a la salud del penado resulta una clara invocación de un agravio irreparable, en tanto se denuncia que el encierro carcelario puede ocasionar un agravamiento de su condición física....

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho que el derecho a la salud está comprendido dentro del derecho a la vida que es el primer derecho natural de la persona humana preexistente a toda legislación positiva que, obviamente, resulta reconocido y garantizado por la Constitución Nacional, enfatizando que en el Preámbulo de la Constitución Nacional ya se encuentran expresiones referidas al ...

El fundamento que sustenta el beneficio de la prisión domiciliaria es el trato humanitario en la ejecución de la pena que en el ámbito de nuestro país tiene expresa consagración normativa (art. 75 inc. 22 C.N.; art. XXV Declaración Americana de los Derechos del Hombre; art. 5.2 Convención Americana sobre los Derechos Humanos -Pacto de San José de Costa Rica-; art. 10 Pacto Internacional de los De...

Para impugnar el valor convictivo de los datos que surgen de un dictamen pericial, carece de todo sentido convocar al experto para que emita su parecer técnico y luego prescindir de éste sin exponer las razones válidas de tal solución, así como tampoco resulta aceptable, a efectos de controvertirlo, contraponer al dictamen del profesional la opinión individual del juez (o de la parte) en un área q...

Si bien es cierto que para que proceda el pago de haberes, es condición legal inexcusable la previa prestación de los servicios, puesto que el empleado no puede pretender beneficiarse con un sueldo por servicios no prestados, tal afirmación sólo se sostiene cuando las causas por las que los servicios no se prestan resultan imputables al trabajador, no así cuando han obedecido a decisiones de la ad...

El art. 3962 C.C. obliga a alegar la prescripción, ya sea al contestar la demanda o en la primera presentación en el juicio que haga quien intente oponerla y el art. 3964 ib. releva al juez de suplir de oficio dicha defensa. Admitir lo contrario llevaría a convalidar un apartamiento de la relación jurídico-procesal existente, en perjuicio del ejercicio del derecho de defensa del accionante, qui...

La inconstitucionalidad que pretende el asesor debe rechazarse, porque la cuestión ha sido zanjada por nuestro cimero tribunal en el precedente “Garay”; al cual, por razones de economía procesal, esta judicatura debe ajustarse. Sin embargo, cabe aclarar que en el presente el art. 14 C.P. no resulta aplicable. La Cámara que condenó al imputado, no declaró, en este legajo, su reincidencia. En ef...

El propio ordenamiento procesal que rige el fuero de familia remite al Código Procesal Civil y Comercial, que establece que las partes deberán actuar en el proceso con probidad y buena fe, y que el incumplimiento de dicho deber o la conducta manifiestamente maliciosa, temeraria, dilatoria o perturbadora será sancionada con una multa de hasta el treinta por ciento del valor económico del litigio, o...

Se desprenden de la normativa aplicable al caso otras alternativas de sanción específica que tienen igualmente el efecto de descartar la tipicidad de los hechos atribuidos a título del delito de desobediencia a la autoridad. Pero incluso antes de llegar a la aplicación de una sanción de índole administrativa, la ley de violencia familiar prevé una serie gradual de medidas de carácter preventivo co...