El decr. 2656/01 contiene disposiciones que son propias de la competencia legislativa, no existiendo norma alguna que permita su ejercicio por el Poder Ejecutivo. Los argumentos que contienen los considerandos de la mencionada norma, no responden a la realidad del orden jurídico vigente en la provincia, configurando una franca incursión en un ámbito expresamente prohibido por el art. 13 de la Cons...

La suspensión de los plazos procesales que enuncia el art. 19 del decr. 2656/01, resulta a su vez, también inconstitucional por no haber sido dispuesta por el órgano constitucional competente. Sólo la Legislatura, mediante ley, y en ejercicio de las atribuciones que le confiere el art. 104, inc. 24 Const. Pcial, podría disponer una suspensión como la pretendida. Dicha norma viola el derecho de def...

Constituye un principio rector que el Estado federal o provincial está sometido a las mismas prescripciones que los particulares, en cuanto a sus bienes o derechos susceptibles de ser propiedad privada; y pueden oponer igualmente la prescripción (art. 3951 C.C.). Tal criterio ha sido por lo demás el adoptado por el máximo tribunal de justicia de la Nación, al sostener que si bien las relaciones en...

El Código Civil se encarga de regular la oportunidad en que corresponde hacer valer la prescripción, estableciendo que ella «debe oponerse al contestar la demanda o en la primera presentación en juicio que haga quien intente oponerla» (art. 3962 C.C.). Asimismo, el acreedor está autorizado a remitir la prescripción ya ganada, tal como lo autoriza el art. 3965 de dicho cuerpo sustantivo, pudiendo m...

No adquiere el significado de renuncia el hecho de que en el expediente administrativo no se haya invocado la prescripción, puesto que ello no impide su presentación en una instancia ulterior (arg. del art. 3962 C.C.). La administración puede en sede administrativa oponer una defensa sustancial basada en la interpretación particular del marco normativo que regula el régimen, y luego en la primera ...

La sanción penal e incluso contravencional no excluye a la disciplinaria, ni ésta a las otras, pudiéndose imponerlas o bien una de ellas por quien jurídicamente corresponda, pues tutelan órdenes jurídicos distintos y persiguen finalidades diferentes. Las sanciones administrativas se instituyen como de jurisdicción local porque sancionan antijuridicidades que se refieren a bienes jurídicos de cont...

Para acceder al beneficio previsional que consagra el art. 19 in fine de la ley 8024, esto es que al agente se le compute un año y un cuarto por cada año de servicio prestado y se le reduzca en un mes y medio por cada año de servicio la edad exigida para la jubilación ordinaria, se requiere: a) ser «docente», b) del «Consejo Provincial de Protección del Menor» o de «escuelas especiales de discapac...

El art. 19 in fine de la ley 8024 traduce la voluntad del legislador de amparar de manera específica a aquellos docentes que brindan un servicio especial, por el ejercicio de la docencia en escuelas especiales de discapacitados que se desempeñan con alumnos «a cargo», que suscita un elevado desgaste físico e intelectual, consagrando de ese modo un tratamiento previsional diferenciado, objetivament...

No cabe confundir el estado docente, definido en el art. 2º del decr. ley 214-E-63, con el ejercicio directo de la función educativa requerido por la normativa previsional. El primero de ellos hará acreedor al agente de alguna clase de rubro o escalafón remunerativo o lo someterá a un determinado régimen disciplinario o laboral, pero no implicará por sí solo el acceso a la norma que con base en ci...

No corresponde hacer lugar al recurso de apelación si el recurrente no ha levantado la carga técnica de autosuficiencia enumerando los agravios concretos y haciendo una crítica concreta y razonada de la resolución judicial cuestionada, que demuestre errores in procedendo o in iudicando que la inficionan, incluyendo la posibilidad de invocar errores in cogitando (del voto de la mayoría, Dres. Borde...