Los jóvenes que cometen delitos entre los 16 y 18 años de edad se encuentran bajo el régimen de la ley penal juvenil, situación que se mantiene aún después de alcanzada la mayoría de edad. La regla convencional que establece la necesidad de separación entre niños y adultos privados de la libertad (art. 37 C.D.N.), no resulta aplicable a quienes han cumplido la mayoría de edad. Es que con ello,...

Tratándose de un recurso del Ministerio Público, es decir fuera del ámbito del derecho al recurso del imputado (art. 8º, h CADH, art. 14.5 PIDCyP,), rigen sin restricciones interpretativas las reglas procesales que establecen, bajo condición de inadmisibilidad, las exigencias de forma previstas por el Código Procesal Penal. Entre ellas, se requiere que se indique separadamente cada motivo con sus ...

La muerte de un menor de edad (menor de 16 años) que intentaba un robo junto a otros compinches mayores queda incluida en el supuesto previsto del art. 165 del C.P. cuando su deceso ha sido consecuencia de la legítima defensa opuesta por la víctima de la tentativa de sustracción violenta. La doctrina judicial ha sostenido que el art. 165 del C.P. comprende todas las muertes que se originen en el p...

Queda acreditado que al día del emplazamiento (6/6/10) el actor no contaba con los requisitos exigidos por el art. 252 de la L.C.T. respecto de edad jubilatoria y años de aportes. Bajo ese criterio, siendo que la demandada no poseyó la legitimación necesaria para intimar al actor el 16/6/10, tampoco la tenía el 21/8/12 cuando, mediante escritura pública procedió a extinguir el contrato de trabajo ...

Queda acreditado que al día del emplazamiento (6/6/10) el actor no contaba con los requisitos exigidos por el art. 252 de la L.C.T. respecto de edad jubilatoria y años de aportes. Bajo ese criterio, siendo que la demandada no poseyó la legitimación necesaria para intimar al actor el 16/6/10, tampoco la tenía el 21/8/12 cuando, mediante escritura pública procedió a extinguir el contrato de trabajo ...

Respecto a qué fuero judicial le corresponde dilucidar los planteos laborales en contra del Estado, si deben ventilarse en el proceso contencioso-administrativo o en su caso ante los Tribunales del Trabajo, en la causa–por razones de economía procesal– resulta razonable alinearse al criterio enarbolado por el Tribunal Superior de Justicia (“Ledesma, María del Carmen c/ Municipalidad de Villa María...

La Corte Suprema de Justicia de la Nación –en los últimos años, y con varios precedentes– delineó los andariveles constitucionales por los cuales –al menos de manera provisoria– se puede encausar la situación de los trabajadores (contratados e informales) que prestan servicios para el Estado. El máximo tribunal del país ha merituado que aquel trabajador estatal que presta servicios como “contratad...

Frente a la denuncia de acoso laboral, mobbing, corresponde examinar los elementos probatorios a efectos de verificar si ellos ratifican los hechos denunciados por la accionante de modo que se configure un hostigamiento cotidiano y sistemático respecto de la accionante, que autorice a calificar los hechos como acoso moral. En esa línea, debe señalarse que lo acreditado no alcanza para conformar un...

El cuestionamiento de la actora, en lo atinente al encuadramiento convencional, se ha dirigido expresamente a la aplicabilidad del convenio, pretendiendo que ella debe determinarse conforme la actividad de los trabajadores, cuestionando la decisión de la autoridad de aplicación en la homologación del CCT 451/06. Siendo ello así, el planteo se aleja y excluye un conflicto individual de encuadramien...

La base normativa que se identifica como aplicable al caso, extinción dispuesta por la demandada sin expresión de causa, debe conformarse básicamente con los arts. 14 bis C.N., Convenio Nº 111 de la OIT (en particular art. 1.1.b), art. 245 L.C.T. y art. 1º de la ley 23.592. La exégesis sistemática de las normas involucradas, presupone el reconocimiento de la protección constitucional contra el des...