Corresponde rechazar la demanda contencioso administrativa interpuesta atento no haberse probado ninguno de los dos requisitos exigidos (autorización del funcionario competente y efectiva prestación de los servicios más allá de la jornada legal), por cuanto son reveladores de falta de autorización los informes de las gerencias de la DIPAS en los que se detalla el personal que contaba con dicha au...

Durante el proceso recursivo de un acto administrativo no es necesario que la administración indague por sí misma sobre otros elementos de juicio que le permitan modificar el criterio sustentado en el acto originario, si los ya explicitados en su momento son considerados suficientes para mantener su decisión. El hecho de que la administración añada otro argumento en la resolución pertinente no co...

El instituto de la perención atañe a la existencia misma del proceso, el Tribunal tiene comprometida opinión en orden a que las normas que lo regulan son de carácter excepcional y deben ser interpretadas por los jueces con severidad y cautela, siendo el principio dominante en la materia el de vitalidad y supervivencia de los procedimientos. Frente a la demanda de caducidad, la labor del juzgador e...

El requerimiento de resolución de la apelante no situó a la causa en la hipótesis de no perentoriedad de la instancia por pendencia de una resolución legal, pues su objetivo y consecuencia natural fue el dictado del respectivo decreto de autos y a estudio (art. 377 C. de P.C.), el que dejaría si, luego de notificado en forma y de no mediar alguna otra contingencia como la adopción de medidas para ...

El apercibimiento de posible confesión previsto por el art. 192 C.P.C.C. genera una simple presunción de veracidad que no exime al juez de establecer las condiciones de procedencia de la acción, pues es insuficiente por sí sola. El problema de la no contestación de la demanda y el instituto procesal que la regula, constituye una cuestión que no puede abstraerse de las circunstancias propias de ca...

No cabe acordar indemnizaciones sobre la base de simples conjeturas si no media la indispensable prueba del daño efectivamente sufrido. Si bien la equidad es reconocida como factor objetivo de atribución esto es un criterio legal abierto para fundamentar la responsabilidad con prescindencia de la valoración de la conducta del causante del daño. La «jurisdicción de la equidad» no es sinónimo de lib...

. La cuestión vinculada a la naturaleza y fin de la apelación adhesiva divide a los autores, una primera corriente postula que el adherente no ha querido originariamente apelar para no prolongar el trámite, valorando más la sentencia que le es parcialmente favorable a continuar con el desarrollo del proceso, propósitos que se ven desvirtuados al apelar la contraria y quedar expedita la posibilidad...

A los fines de su admisibilidad formal se entiende como apelante adhesivo al litigante que se conforma en principio con el pronunciamiento, aunque no le sea del todo favorable, bajo la implícita condición de que su contendor tampoco apele. Las nociones de apelado y de la contraria, requeridas como condición para apelar por adhesión, son equivalentes y manifestación de la contradicción de intereses...

La cesión de cuotas de una S.R.L. implica una modificación del contrato constitutivo (art. 11 inc. 1 de la ley 19.550), por lo que cumplido el procedimiento determinado por los arts. 152 y ss. de la misma ley, la transferencia debe publicarse e inscribirse (arts. 5º y 7º de la ley de sociedades)....

La irregularidad de una sociedad no puede derivar de la falta de inscripción de las modificaciones del contrato social, sino sólo en relación al acto constitutivo de la sociedad, deviniendo aplicable el régimen previsto en los arts. 21 a 26 de la ley 19.550, dando lugar, en caso de incumplimiento de los requisitos formales de esas modificaciones, a la aplicación de sanciones diferentes, como resul...