El instituto de la perención de instancia se ha instituido en miras a la protección del principio de seguridad jurídica. Por esto, el legislador ha entendido que un conflicto que se extiende en el tiempo sin un pronunciamiento judicial que lo defina, conspira contra dicho principio. En consecuencia, ha considerado que la falta de interés de las partes -demostrado por su inacción- justifica que ope...

En los procedimientos sumariales, el objeto principal de investigación y decisión, es un hecho determinado que se presume cometido y se considera desde el punto de vista del derecho disciplinario administrativo, como un asunto hipotético que aparece como contrario a una norma disciplinaria de la cual surge una pretensión represiva. Se trata de un hecho que se pretende perpetrado por la persona con...

Es cierto, la administración goza de una porción de discrecionalidad para aplicar sanciones ante una falta administrativa, pero dicha discrecionalidad reconoce un límite infranqueable, que no es otro que el de la razonabilidad. . La ausencia de razonabilidad se advierte al haberse relegado hasta la intrascendencia al antecedente que el actor trajo a colación oportunamente en el caso; pues si bi...

El objeto del contencioso administrativo es eminentemente revisor de la actividad administrativa, concretándose en la eventual anulación de actos dictados en esa sede. El máximo tribunal de la provincia tiene dicho: «Los extremos a que debe ceñir el Tribunal su decisión en función del art. 38 C.M.C.A., los constituye el «punto» que dio lugar al litigio, ya que atento la función revisora, el Tribun...

En el ámbito público, consolidar es transformar una deuda flotante en consolidada; es decir, convertir una deuda que originariamente debe cancelarse a corto plazo en una deuda a cancelarse a largo plazo, ya sea mediante la imposición legal de un plazo mayor para el pago o a través de la entrega de títulos públicos, en las condiciones determinadas por la normativa que se dicte al efecto, siempre fu...

Los modos de cumplir las sentencias que habilita la ley 9078, no sólo le permiten a los entes que denomina «Sector Público» (art. 3° ib.), entre los que se encuentra la Caja de Jubilaciones, diferir temporalmente el pago de las obligaciones que se consolidan, sino que, en conjunción con la ley 8250 a la que remite, impone procedimientos y formalidades de obligatorio cumplimiento por parte de la a...

Bajo ningún concepto es válido que la administración se aparte de los estrechos márgenes que le concede la legislación de emergencia, pues trasponerlos supone ingresar de lleno en la inconstitucionalidad, ya que significa -en realidad- que lo que originalmente fueron restricciones o postergaciones impuestas al ejercicio de derechos reconocidos a los administrados por una sentencia firme, terminen ...

El art. 13 de la ley 9078 le confiere únicamente al acreedor cuyo crédito haya sido consolidado la posibilidad de optar por recibir en pago de su acreencia -a la par- bonos o títulos en pesos o dólares estadounidenses, euros u otra moneda extranjera, en vez de dinero en efectivo que le será pagado con el interés de caja de ahorro en el plazo que marca la ley. Una vez ejercida dicha opción, nace pa...

Usualmente las conductas tipificadas en los códigos de ética profesional se expresan en un lenguaje impreciso y amplio que habilita al ente deontológico para que, en ejercicio de sus atribuciones discrecionales, evalúe la inclusión de ciertas conductas en los tipos legales esencialmente abiertos....

La falta enrostrada al actor, haberse excedido en las necesidades de la defensa formulando juicios o términos ofensivos a la dignidad del colega adversario o que importen violencia impropia o vejación inútil a éste, se comete por medio de la palabra, en cuyo empleo el abogado debe ser particularmente ducho. El letrado (la propia denominación de su profesión así lo está señalando) debe poseer espe...