En los contratos administrativos, la administración y el contratista no se encuentran en una posición homogénea o simétrica, sino que la primera goza de una serie de prerrogativas que desequilibran a su favor la posición de las partes. La ejecución de todo contrato comporta la presencia de un cierto riesgo, susceptible de alterar la posición inicial de equilibrio preexistente. Esta nota propia ...

La demora en el pago de las certificaciones, salvo hipótesis extremas, no autoriza al contratista a retrasar o paralizar la ejecución de las obras, ni tampoco legitima o justifica la invocación por aquél de la exceptio non adimpleti contractus. El límite a la obligación del contratista de continuar la ejecución del contrato, aun cuando la administración no cumpla con sus obligaciones contractuales...

En el marco del proceso administrativo, el interés público en juego y la tutela jurídica del administrado, ponen en evidencia la necesidad de un proceso de naturaleza mixta, caracterizado por la presencia de un momento «dispositivo» y otro «inquisitivo». El principio de la prueba razonada es el que mejor se ajusta al derecho procesal administrativo, porque permite ordenar el cometido jurisdicci...

La cita de un antecedente jurisprudencial no basta para fundamentar un agravio si el recurrente no pone de manifiesto en forma precisa que median presupuestos fácticos y jurídicos análogos que justificarían la adopción de una solución idéntica. Para que el agravio así planteado pudiera alcanzar un examen sustancial, el apelante debió insistir en esta instancia, precisando las análogas característi...

Es justo y equitativo eximir a la accionante de los gastos procesales correspondientes a la parte demandada (art. 130 C.P.C.), quedando impuestas en el orden causado. Ello en razón que para dirimir la viabilidad de la pretensión sustentada por la accionante en ambas instancias, ha sido menester efectuar sendas apreciaciones en torno al alcance del derecho subjetivo de carácter administrativo nacid...

La circunstancia de que el requirente de la inscripción se encuentre matriculado como corredor desde diciembre de mil novecientos ochenta y ocho en el Registro Público de Comercio del Departamento de Trenque Lauquen no le confiere per se el derecho de obtener la matriculación en esta jurisdicción provincial sin previo cumplimiento de las normas que invoca el Colegio de Martilleros y Corredores Púb...

Ante el desistimiento expreso del planteo de inconstitucionalidad que el instante de la inscripción había formulado ab initio, abdicación que implica sumisión a las prescripciones de la ley provincial ha quedado cerrada la competencia de la Cámara para examinar y decidir nuevamente la cuestión constitucional federal. Por vía de consecuencia, el legislador local ha creído legítimo dictar normas sob...

La interposición de excepciones por el demandado en juicio ejecutivo de ningún modo implica articular un incidente, sino por el contrario, se trata de un planteo defensivo en la instancia principal, que ha abierto la actora y cuya caducidad puede pretender legítimamente el demandado. Los incidentes son siempre cuestiones distintas, aunque conexas con la relación jurídica procesal básica; de modo ...

Dentro de la normativa procesal vigente, el excepcionante en juicio ejecutivo está investido de la legitimación que le confiere el art. 342, inc. 1º, del Código Procesal. Su pedido para que se declare la perención no importa abdicar de las excepciones, sino pretender la caducidad de una instancia que no ha promovido. Es evidente que posee interés legítimo en que la demanda no prospere, lo que podr...

La mera condición de ejecutante del actor no lo puede colocar en mejor posición que la que tenía al momento de realizarse la subasta donde se fijó el precio de los inmuebles y el martillero cobró un porcentaje que luego no depositó en autos, configurándose en principio una conducta delictual. El faltante del precio debe ser soportado espontáneamente por todos los acreedores en forma proporcional ...