El art. 34 ley 5771 contempla la caducidad de la anotación preventiva para el supuesto de que la subasta no se realice en el plazo legal, pero no instituyó plazo de vigencia ni sanción de caducidad –o de ningún otro tipo– para la hipótesis en que la venta forzada haya sido realizada y comunicada dentro del plazo de vigencia de la anotación preventiva. El art. 35 ley 5771 muestra la firme decisi...

Si bien el art. 582 C.P.C.C. contempla la figura de la suspensión de la subasta, en rigor sólo se ocupa de regular la suspensión por pedido del ejecutado mediando pago de la deuda. De hecho, el mencionado precepto aclara que los requisitos que estipula no rigen cuando la suspensión es consecuencia de otras peticiones. La suspensión de la subasta se impone como consecuencia necesaria de la admi...

El art. 430 C.P.C.C. faculta expresamente a los jueces a declarar inadmisibles los incidentes que sean manifiestamente improcedentes. Es decir, cuando surja ab initio en forma palmaria la falta de legitimación sustancial de cualquiera de las partes, o que la pretensión incidental carezca de tutela jurídica, sea porque tiene un objeto o causa inmoral o prohibido por la ley, o por no revestir idonei...

De la literalidad del art. 589 C.P.C.C. surge que el comprador en subasta ostenta la facultad de consignar el saldo de precio, si el auto aprobatorio de subasta no se dicta pasados treinta días del remate, más no impone tal actividad. Además, es condición para que deba intereses, que la demora en el depósito le sea imputable. Para que resulten procedentes los intereses moratorios, constituye un...

Sostener dogmáticamente -en nuestro sistema procesal local- la tesis de la exclusión de la acción declarativa por la existencia de otras vías como resultado de una interpretación judicial de la norma, provoca una derogación inadmisible del texto legal. Debe analizarse si la acción declarativa será eficaz como modo de implementar el imperio del derecho y, por consiguiente, la paz civil entre las pa...

Las comunicaciones de subasta tienen como finalidad anoticiar a los terceros acerca de la realización del acto (de venta forzada), con un sentido preventivo, por ello corresponde determinar la prioridad del derecho del adquiriente en subasta. Ante la confrontación entre el derecho del actor adquirente en subasta de un bien inmueble y la venta por escritura pública que el ejecutado realizó antes...

No es suficiente el precio vil o irrisorio para acarrear la nulidad de una subasta judicial si al mismo tiempo no han sido denunciados vicios que afecten las dimensiones de tiempo y forma de la subasta, o comprometan la validez de los requisitos atinentes a los sujetos y al objeto. Se considera precio vil a aquél manifiestamente inferior, desproporcionado con el valor de la cosa, diferenciándose ...

Los efectos del embargo preventivo no se confunden con los derivados del embargo ejecutorio, ya que con el primero solamente se tiende a mantener dentro de la esfera de ejecutabilidad del acreedor un bien determinado sin afectar la legitimación del titular a punto tal que el propietario embargado puede vender la cosa embargada (arts. 1174 y 1179 C.C.), en tanto que con el segundo se realiza la suj...

De las constancias del expediente sucesorio no surge que las operaciones de inventario, avalúo y partición se encuentren aprobadas (situación que persiste hasta la fecha conforme surge de la compulsa efectuada por este tribunal de los autos traídos “ad effectum videndi”), por lo que el a quo juzgó que la adquisición “uti singulis” en cabeza del demandado recién sobrevendrá cuando ello acontezca (a...

En el remate judicial el vendedor es el Estado y no el ejecutado, lo que explica que no sea el obligado a transferir al comprador el dominio del bien subastado; pero pesa sobre él un deber que consiste en sufrir la transferencia coactiva de su propiedad, en consentir la expropiación de un bien suyo realizada por el Estado con el objeto de satisfacer el derecho de su acreedor. Y si este deber es ex...