1. Entre el precedente traído como contradictorio y la sentencia recaída en autos, existen las debidas identidades de hecho y de derecho porque en ambos casos se trata de siniestros sufridos por los trabajadores en cumplimiento de sus tareas, los cuales, en definitiva, originaron el reclamo ante la patronal de las indemnizaciones previstas en el derecho común, por haber hecho los actores uso de la...

Habiéndose limitado el apelante a señalar que el juez no observó las normas prescriptas por la ley 7269, sin indicar cuál es en concreto el error cometido y el perjuicio que se le ha causado, no puede considerarse cumplido el art. 112 de esa ley, que exige que el recurso se interponga fundadamente ante el primer juez, bajo pena de inadmisibilidad. Limitarse a señalar que el sentenciante ha violado...

La liquidez de la deuda no es una condición necesaria para el curso de los intereses moratorios. Teniendo, o debiendo tener, certeza el deudor acerca de la existencia y legitimidad de la obligación, puede consignar la parte de ésta que considere adeudar, pero no puede prevalecerse de la iliquidez de aquélla para retener un capital que no le pertenece y que está devengando frutos. De otro modo, el ...

Las diligencias que se promueven con la finalidad de liquidar los daños y perjuicios que se hubiesen mandado a pagar en un pronunciamiento de condena, no constituyen procesos de ejecución en sentido propio. Por más que el Código incluya esos procedimientos en el capítulo relativo a las ejecuciones de sentencias, es indiscutible que constituyen verdaderos procesos de conocimiento, desde que su obje...

El art. 19 de la ley 7269 no hace más que aplicar el principio de la relatividad de los contratos en general (arts. 1195 y 1199 C.C.) y de la transacción en particular (art. 851 C.C.) al disponer que el monto de ésta no es oponible al abogado que no ha intervenido en su celebración, para quien el acuerdo es res inter alios acta. El profesional que no ha concurrido a celebrar la transacción, ni la ...

La competencia de la Sala para juzgar la admisibilidad del recurso extraordinario, está limitada a las cuestiones efectivamente resueltas en la instancia de revisión. Respecto a las demás materias no juzgadas en esa instancia, la impugnación debe proponerse ante el Tribunal que dictó la sentencia respectiva, esto es, ante la Cámara de Apelaciones....

1. La nulidad de la cláusula penal, cuando se dan las condiciones del art. 656, 2ª parte, C.C., es relativa y por consiguiente no puede ser declarada su reducción de oficio, sino a petición de parte, ya que para poder determinar si una cláusula penal es excesiva se necesita acreditar una serie de elementos fácticos, objetivos y subjetivos, que deben ser primero propuestos por las partes, porque de...

El retiro del expediente, realizado por la parte, su apoderado o letrado patrocinante, en los casos autorizados por los arts. 103 y 104 del C. de P.C., produce la notificación personal de «todo lo actuado», vale decir, el efectivo conocimiento de las providencias o resoluciones recaídas en el proceso, de suerte que suple, respecto de ellas, cualquier otra forma de comunicación exigida por la ley. ...

. El pedido de inhibición de uno de los jueces de Cámara, que encarna en realidad una recusación fundada en el parentesco existente entre un camarista y el juez de primera instancia, no encuadra en la previsión del art. 1085 inc. 1º que contempla la vinculación entre el juez y uno de los litigantes. 2. Si bien es cierto que en algunos supuestos extremos pueda considerarse que la enumeración que c...

Habiendo dispuesto la ley arancelaria en el penúltimo párrafo del art. 34 (reformado por ley 7346) que el honorario mínimo (15 ó 10 jus, según la naturaleza del juicio) es el que corresponde a la tramitación total en primera instancia, es incuestionable que ese valor básico debe ser reducido cuando, por virtud de un allanamiento, el pleito concluye sin haberse tramitado íntegramente. De acuerdo co...