El legislador penal al momento de reglamentar el art. 18 de la Constitución, establece que la autoridad «competente» para ordenar un arresto o requisa es el juez. Ahora bien, admite excepcionalmente que sean las fuerzas de seguridad quienes puedan detener a una persona, siempre y cuando se den las circunstancias expresamente detalladas como condición necesaria. El art. 284 C.P.P.N. dispone que los...

En cuanto a la requisa personal se refiere, rigen idénticas consideraciones que para el arresto. La Constitución Nacional garantiza a las personas, además del derecho a conducirse libres, un ámbito de reserva que se extiende a la intimidad, impidiendo y limitando para casos excepcionales cualquier tipo de intromisión en esta esfera. Sin embargo, como es sabido, ninguno de estos derechos son absolu...

Teniendo en cuenta que la encausada no registra antecedentes penales en relación con delitos contra la fe pública y que la buena fe se presume, a la luz del conjunto de circunstancias en que habría tenido lugar el hecho que se le enrostra, es dable sostener la buena fe de la imputada en la adquisición del mentado billete falso que habría puesto en circulación en el negocio mencionado. De tal modo,...

El art. 32 ley de educaci...

El art. 32 ley de educaci...

La acción declarativa de certeza prevista en el art. 322 C.P.C.C.N., resulta la vía idónea a fin de determinar la existencia de un estado de incertidumbre acerca de la obligatoriedad de continuar presentando las declaraciones del Impuesto a las Ganancias sin utilizar el mecanismo del ajuste por inflación o, en su caso, si la alegada aparición en el país del fenómeno de la inflación, autoriza a pra...

En la validez constitucional de los decretos de necesidad y urgencia se exceptúa expresamente por mandato constitucional la reglamentación o legislación de temas impositivos. No hay excepción, ni circunstancia especial alguna, que autorice al presidente de la Nación a dictar decretos de necesidad y urgencia en materia impositiva sin lesionar el principio republicano de la división de poderes. \r\n...

En la validez constitucional de los decretos de necesidad y urgencia se exceptúa expresamente por mandato constitucional la reglamentación o legislación de temas impositivos. No hay excepción, ni circunstancia especial alguna, que autorice al presidente de la Nación a dictar decretos de necesidad y urgencia en materia impositiva sin lesionar el principio republicano de la división de poderes. \r\n...

En la validez constitucional de los decretos de necesidad y urgencia se exceptúa expresamente por mandato constitucional la reglamentación o legislación de temas impositivos. No hay excepción, ni circunstancia especial alguna, que autorice al presidente de la Nación a dictar decretos de necesidad y urgencia en materia impositiva sin lesionar el principio republicano de la división de poderes. \r\n...

En materia impositiva, la tutela que el Estado constitucional hace de la propiedad, se materializa al establecer que ella no se limita a una garantía formal, sino que tiende a impedir que se prive de contenido real a aquel derecho. Para que la tacha de confiscatoriedad de un tributo pueda prosperar, es necesaria la demostración de que el gravamen cuestionado excede la capacidad económica o financi...