Conforme lo dispone el art. 2º de la ley 24.901, las obras sociales tienen a cargo con carácter obligatorio, la cobertura total de las prestaciones básicas enunciadas en la ley -preventivas, de rehabilitación, terapéuticas educativas, educativas y asisten-ciales- que necesiten las personas afiliadas con discapacidad. La obra social es la única obligada frente al beneficiario y es también la que...

El alcance del término «emergencia» es el de constituir una situación naturalmente transitoria, episodios excepcionales, donde diversos factores concurren para promover estados o períodos de peligro de las instituciones, de supervivencia del grupo humano o funciones fundamentales con dimensión suficiente para lesionar las actividades comunes de la población. Deben concurrir los caracteres de grave...

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido que la emergencia autoriza al Estado a restringir el ejercicio normal de algunos derechos patrimoniales tutelados por la Constitución. Pero esa sola circunstancia no es bastante para que las normas repugnen al texto constitucional, pues todos los derechos están limitados por las leyes reglamentarias. Su restricción debe ser razonable, limitada...

Nuestro máximo tribunal ha resuelto que la restricción impuesta por el decr. nº 1570/01 y reglamentaciones posteriores muestra un ejercicio carente de razona-bilidad de la facultad normativa tendiente a conjurar la crisis, como también que tal restricción implica una violación a los arts. 17 y 18 C.N., en tanto desconoce el derecho de las personas a disponer libremente y en su totalidad de su patr...

Los depósitos ahora atrapados en lo que se denomina «corralito financiero» fueron impuestos bajo la vigencia de la ley 25.466 que declaró intangibles todos los depósitos. Es el propio Estado Nacional, quien desconociendo en forma absoluta el texto expreso de la ley, quiebra en modo sin precedentes la regla de confianza en que se sustenta la relación gobernantes y ciudadanos, principio en el que se...

El decr. 1316/02 que suspende por el plazo de 120 días hábiles el cumplimiento y ejecución de las sentencias definitivas dictadas en los procesos judiciales es inconstitucional porque afecta palmariamente el principio de división de poderes y el derecho a la tutela judicial efectiva, como garantía innominada emanada de los arts. 33, 75, inc. 22, C.N., y del art. 8, inc. 1, del Pacto de San José de...

Son requisitos propios de las medidas cautelares, conforme el art. 230 C.P.C.C.N., la acreditación de la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora, los que se han demostrado prima facie. Sin que implique un adelanto de criterio, existen condiciones para la procedencia de la cautelar, y de manera especial el peligro en la demora. Corresponde la entrega del medicamento al paciente que se ...

La violación de derechos y garantías constitucionales que el régimen de restricción de retiros de depósitos bancarios pudiera provocar, debe conjugarse con el ejercicio de los poderes políticos de las facultades indispensables para armonizar las necesidades particulares de los ciudadanos con la conveniencias generales del conjunto. La invocada verosimilitud del derecho, atento las circunstancias a...

No se configura el requisito de «peligro en la demora», como una situación que requiera una urgente e imperiosa satisfacción, en el caso del giro comercial de una farmacia y distribuidora de medicamentos, aduciendo que para ello necesitan de la moneda norteamericana, por lo que corresponde rechazar la cautelar solicitada. (Del voto de la mayoría, Dres. Sánchez Freytes, Mosquera)....

La declaración de inconstitucionalidad es un acto de suma gravedad institucional que debe ser considerada ultima ratio del orden jurídico, para lo cual el planteo de su declaración debe reposar en el interés de la parte legitimada en su ejercicio, careciendo de esa legitimación quien no se es titular de la relación jurídica sustancial que da origen a la causa, sin perjuicio de que la pretensión te...