La competencia atribuida por la Constitución Provincial al T.S.J. -art. 165 inc. 1° ap. c- para conocer y resolver en forma originaria, exclusiva y en pleno, de los conflictos internos de las municipalidades, de una municipalidad con otra, o de éstas con autoridades de la Provincia, se halla reglamentada por las disposiciones contenidas en la ley orgánica municipal -ley 8102 y sus modificatorias-,...

Un «conflicto externo» se presenta cuando se suscita una controversia entre una municipalidad con otra, o entre aquélla y las autoridades de la Provincia, y cuya solución no fuere posible alcanzarse dentro del ámbito de los poderes en pugna. Se configura un supuesto de conflicto cuando un órgano comunal o provincial se arroga atribuciones que exceden el marco de su competencia, en detrimento de...

El procedimiento que determina la ley 5317/72 autoriza a las autoridades del gobierno de la Provincia a que por intermedio del Ministerio de Economía y Hacienda se proceda a retener de los fondos de la coparticipación federal que pertenecen a cada municipio, los montos que en concepto de aportes previsionales adeuda cada ente comunal a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia. No puede...

El concepto de autonomía es ínsito a las organizaciones comunales, pues constituyen nucleamientos políticos básicos que garantizan el sistema federal y democrático de gobierno, conforme la imposición del art. 5° C.N.. Los municipios se erigen en verdaderos «gobiernos» o «poderes locales» dotados de los resortes legales para lograr su total independencia funcional en sus diversos órdenes: política,...

El precepto contenido en el art. 43 de la Carta Magna confiere fundamento al control de constitucionalidad de la norma en que se funda el acto u omisión lesivos y, en consecuencia, viabiliza la admisión del recurso extraordinario de inconstitucionalidad provincial siempre que se cumplimenten los demás recaudos que hacen a su procedencia formal (arts. 483 y cc. del C.P.P.). En el marco del nuevo...

El decr. 1777/95 efectúa una interpretación acorde a la ley de jubilaciones y a la Constitución. Su juridicidad y razonabilidad es evidente en tanto se subordina a la letra del art. 50 inc. «a» de la ley 8024 como de los arts. 55 y 57 de la Carta Magna local, ya que ajusta la determinación de las prestaciones a partir de una correcta y razonable interpretación de lo que debe considerarse como «rem...

Sería fácil para este Tribunal sucumbir a la tentación de inclinarse a tutelar las situaciones de sus jueces jubilados en un sentido corporativo, cuyo alcance podrá después trasladarse a quienes nos encontramos en actividad. Sin embargo, hoy la sociedad nos reclama, no sólo el respeto ineludible al orden jurídico, sino la aplicación estricta de valores inmersos en la austeridad, la prudencia, la s...

La correlación entre acusación y sentencia no ha sido objeto de tratamiento específico en la ley 7956 que reglamenta el procedimiento ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, por lo cual es de aplicación la ley supletoria, es decir el Código Procesal Penal de la Provincia. En su texto actual, el principio de la correlación entre acusación y sentencia se encuentra resguardado en diferentes...

La prueba de la redargución de falsedad (en el caso del acta de audiencia, en la cual se consigna la fecha y condiciones en que se llevó a cabo la deliberación del Jurado de Enjuiciamiento) debe ser fehaciente o particularmente eficaz. Tal condición no puede resultar de una hipótesis periodística efectuada en el curso de un enjuiciamiento de vasta difusión, cuya apertura también fue resuelta por m...

La conclusión del Jurado de Enjuiciamiento en cuanto a que el enjuiciado obró con la intención de beneficiar a la firma deudora, no carece de fundamentación si la derivó de pruebas que acreditaban, siquiera probablemente, un tratamiento especial de estos deudores que se tradujo en un también probable perjuicio para el Banco Social, cuyo Directorio integraba el enjuiciado, a saber: a) las reiterada...