\r\nEn los delitos contra el honor, como las calumnias e injurias, el daño moral debe tenerse por acreditado con la sola comisión del acto antijurídico, pues se trata de una prueba in re ipsa, es decir que surge inmediatamente de los hechos mismos. No es dudoso que el ataque a la dignidad personal se proyecta desfavorablemente en la vida familiar y de relación social de la víctima, produciendo una...

\r\nLa actual malice constituye la importación de un factor de atribución innecesario para el derecho común argentino, que provoca sobreactuaciones que conducen a protecciones desequilibradas en favor de empresas y medios masivo de comunicación, lesionándose el sistema que contiene la Constitución Nacional (arts. 14, 28, 32). Su aplicación produce una suerte de privilegio a posteriori de la public...

\r\nLa difusión desaprensiva e imprudente de una noticia susceptible de afectar el honor de las personas genera el deber de resarcir, aun cuando tal difusión se haya hecho a través de la prensa (del voto del Dr. Fontaine)....

La circunstancia de que en el recibo no se exprese o se consigne que el pago es a cuenta, no conduce a pensar que responde a la cancelación total de una obligación dineraria superior al importe pagado; no hay disposición legal alguna, ni doctrina autoral y tampoco precedente jurisprudencial, que asigne esa derivación a un recibo en el que no se exprese que el pago es a ...

No es argumento suficiente para admitir la indefinida pretensión de atenuar los intereses deducida, decir que hoy por hoy es elevada la tasa de dos puntos porcentuales por encima del promedio mensual que elabora el Banco Central de la República Argentina por sobrepasar la tasa de inflación mensual, si no se rinden pruebas corroborantes de este aserto....

\r\nCorresponde desestimar la petición de quiebra formulada por los acreedores si el deudor depositó en tiempo oportuno el importe reclamado.\r\nDado que la ley 24.522 carece de normas que regulen la imposición de costas cuando la petición de quiebra es desestimada, en virtud de lo dispuesto por el art. 278 L.C.Q., rigen las disposiciones procesales locales. En este sentido, nuestro ordenamiento a...

\r\nLa decisión del juez sobre las costas debe ser la resultante de la ponderación de las circunstancias fácticas y jurídicas que precedieron la solicitud de quiebra y de las que se produjeron durante su tramitación. No es posible arribar a una solución genérica aplicable automáticamente y por igual al universo de hipótesis que la realidad presente a los magistrados, sino que corresponde analizar ...

Corresponde que la acción para declarar nula un acta de una sociedad concursada, sea atraída por el fuero que tramita el proceso concursal. Si bien, de acuerdo con el art. 21 ley 24.522, quedan excluidas aquéllas que carezcan stricto sensu de contenido patrimonial, la particular situación plasmada en la demanda y su íntima conexidad con el proceso concursal, ener...

La suspensión de términos dispuesta por la a quo, está referida a algún traslado o vista que se ?pudiere? haber corrido a quien pide el expediente y no lo encuentra en secretaría. El juez y la parte, al no tener el expediente, no pueden conocer si se corrió un traslado o una vista y por ello, eventualmente, piden que se suspendan los términos, de al...

Siempre el impulso del proceso es a cargo de quien lo inicia, o sea el nulicidente. La paralización del trámite fue preciso a pedido del nulidicente, de modo que dicha paralización no puede extenderse sine die, cuando es a su cargo el impulso del incidente de nulidad....