El principio de conservación procesal implica que el instituto de la perención de instancia debe ser interpretado de modo que se esté por la subsistencia y continuidad del proceso judicial. La caducidad de la instancia sólo halla justificación en la necesidad de conferir un instrumento al Estado para evitar la indefinida prolongación de los juicios, pero no un artificio tendiente a impedir un pro...

Atento a la posibilidad de un gravamen que no pueda repararse ulteriormente y a las características de la indemnización en juego –muerte del trabajador–, corresponde habilitar la articulación recursiva, desde que «el Tribunal Superior de Justicia como supremo guardián de las formas procesales puede juzgar sobre el cumplimiento adecuado de las mismas y decidir, en cada caso, si son potencialmente a...

Si el único letrado al que se le practicaron las notificaciones electrónicas (por no efectuar la carga al sistema del verdadero apoderado) se encontraba privado de su libertad, el Juzgado de conciliación interviniente primero y el a quo después, no debieron proseguir sin al menos notificar al domicilio real las providencias de elevación y audiencia de vista de causa. La elevación del expediente a...

Que de conformidad a lo establecido por el art. 484 del C.P.C.C., aplicable por remisión del art. 17 de la ley 4915 y del art. 13 de la ley 7182, quien tuviere fundado motivo para temer que durante el tiempo anterior al reconocimiento judicial de su derecho, éste pudiere sufrir un perjuicio inminente o irreparable, podrá solicitar las medidas que, según las circunstancias, fueren más aptas para as...

El Municipio de la ciudad de Córdoba tiene el monopolio para la regulación y control del servicio público de transporte de pasajeros dentro de su ejido. Ello resulta inherente a la autonomía reconocida en el art. 5º de la Constitución Nacional y art. 180 de nuestra Carta Magna local, que establece también como una materia propia del mismo lo relacionado con el transporte urbano (del voto de la Dra...

El ejercicio del poder de policía de regulación y control del servicio público de transporte involucra también la seguridad de la comunidad, en particular de las personas transportadas que, como usuarias del servicio de que se trata, son sujetos de especial protección que las autoridades tienen la obligación de brindar (art. 42 C.N.), por lo que la verificación del cumplimiento de los requisitos p...

La Cámara inviste competencia para analizar la admisión y/o la procedencia de la acción de amparo interpuesta y de la medida cautelar. Aun cuando la Municipalidad de Córdoba haya asumido el rol de amparista o demandante, no sería razonable interpretar que la intención del legislador al reformar la ley 4915, hubiese sido la de considerar únicamente el supuesto en el cual la administración pública p...

El derecho de defensa del imputado comprende el derecho a un comportamiento procesal pasivo (derivado del principio nemo tenetur se ipsum acussare), lo que configura un aspecto de la garantía de incoercibilidad moral del imputado (art. 18 C.N.), pero de ningún modo autoriza –ni al imputado ni a su defensor– la ejecución de conductas activas tendientes a obstaculizar la investigación. En tal sentid...

Las manifestaciones del abogado defensor pueden ser valoradas como indicios de riesgo para la investigación, si fueron efectuadas en su carácter de defensor de quien todavía no resultaba imputado en la misma causa como partícipe del hecho investigado en ella. No existe aquí ninguna tensión entre derechos fundamentales, por cuanto la garantía de una comunicación libre y privada entre un imputado y ...

Debe ser descartado el pedido de nulidad formulado por un imputado que recién adquirió tal calidad luego de haberse tomado conocimiento –casual– del contenido de las conversaciones objeto de la intervención. Ello configura una razón para descartar la nulidad así alegada, en virtud de la ausencia de interés para declararla con relación al imputado, en tanto la medida no estuvo dirigida a intervenir...