La ordenanza municipal 783/2001 y sus modificatorias establecen las reglas a las que debe sujetarse el transporte de personas de la ciudad. En el caso, la secretaría competente resolvió dar de baja la habilitación concedida al causante y declarar vacante la licencia, en función de que la licencia no registraba movimiento ya que el vehículo afectado en su momento se encontraba fuera de servicio por...

El Municipio de la ciudad de Córdoba tiene el monopolio para la regulación y control del servicio público de transporte de pasajeros dentro de su ejido. Ello resulta inherente a la autonomía reconocida en el art. 5º de la Constitución Nacional y art. 180 de nuestra Carta Magna local, que establece también como una materia propia del mismo lo relacionado con el transporte urbano (del voto de la Dra...

La oferta del interesado de prestar un servicio público, responde a un estudio previo y demostrativo de la factibilidad técnica y económica del negocio. Si bien no puede soslayarse que el comportamiento de las variables proyectadas a plazos prolongados no deja de ser un factor de incertidumbre para ambos contratantes, el grado de verificación durante la ejecución del contrato de las predicciones i...

El reclamo formulado por la demandada, quema de artefactos por sobretensión eléctrica, engasta en lo disciplinado por el art. 1113, 2ª parte, 2º párr., C.C.; es decir, le correspondía a la accionada demostrar las eximentes de responsabilidad a fin de que no se le atribuyera esta última, lo que no se verificó. En efecto, la misma prueba que la demandada recurrente peticiona se tome en cuenta para d...

I. Introducción. II. El medio ambiente en la reforma de la Constitución Nacional de 1994. III. La protección del ambiente en las constituciones provinciales. IV. La prestación de los servicios públicos y el ambiente. V. El control en la prestación de los servicios públicos. VI. Incumplimiento contractual de las concesionarias de servicios públicos. VII. Desafíos actuales en la protección de los re...

La ley no quiere introducir al proceso penal cualquier persona que con arreglo al derecho deba responder por el daño derivado del hecho que se le atribuye al imputado, sino sólo al tercero que es llamado a responder por el daño en virtud de una obligación surgida de la ley de una manera inmediata y no mediata, por una convención de los interesados. Lo dicho equiv...

La doctrina y jurisprudencia se han pronunciado por la viabilidad formal de la excepción de inhabilidad de título en la ejecución de la sentencia, introducida a través de la ubicua excepción de falsedad de la ejecutoria prevista en el inc. 1 del art. 809 C.P.C.C.....