El derecho a la vida es el primer derecho natural de la persona; la vida y su protección constituyen un bien fundamental en sí mismo, y el derecho a la salud está íntimamente vinculado a ese bien superior y al principio de autonomía personal, que debe ser preservado por el Estado, y asume una mayor dimensión cuando debe garantizarse y hacerse efectivo en sujetos en condiciones de vulnerabilidad, p...

En base al factor de atribución objetivo de responsabilidad, al no haberse acreditado la ruptura del nexo de causalidad y asumiendo que la falta de información de los componentes del producto tiene en sí mismo la aptitud para desencadenar el resultado dañoso, el mismo es atribuible a la demandada como sujeto llamado a brindar dicha información detallada y clara, a los fines de preservar un bien ju...

La acción de reintegro se origina porque la afiliada se ha hecho procurar la prestación que entendía debía asumir su obra social por un tercero. Las obligaciones de hacer son uno de los campos más propicios en los que se reconoce esta facultad (art. 630 C.C. y art. 777, inc. b., C.C. y C.). Frente a la mora del deudor permite al acreedor hacer cumplir coactivamente la prestación por un tercero a c...

Las garantías individuales existen y protegen a los individuos por el solo hecho de estar consagradas por la Constitución e independientemente de las leyes reglamentarias. Pues los preceptos constitucionales tanto como la experiencia institucional del país reclaman de consuno el goce y ejercicio pleno de las garantías individuales para la efectiva vigencia del Estado de derecho e imponen a los jue...

Si bien el Código Civil no exige una forma específica para el perfeccionamiento del contrato de locación, tal requisito sí es exigido por la ley 23.091 por cuanto los contratos de locaciones urbanas, sus modificaciones y prórrogas, deberán formalizarse por escrito. Su incumplimiento no acarrea su invalidez, pero omitida su suscripción por un codemandado, para que le sea oponible el contenido debe ...

Si se trata de un juicio que ha sido iniciado por la causante y que será continuado por sus herederos, no se advierten motivos impeditivos para valorar la capacidad patrimonial de la causante, ya que las pruebas fueron rendidas íntegramente antes de que se produjera el fallecimiento. La procedencia del beneficio de litigar sin gastos en favor de los sucesores de la peticionante no implica nega...

La télesis del art. 134, segundo párrafo, C.P.C.C. consiste en satisfacer todas las facetas o dimensiones del principio de economía procesal en tanto aspira a acortar la extensión temporal del juicio (impidiendo la promoción de incidentes en forma permanente y mecánica que evidencia un propósito dilatorio), evitar la sobrecarga desmesurada del Tribunal (aspirando a que su función se concentre en l...

El art. 134, segundo párrafo, C.P.C.C. importa una consagración expresa del principio de economía procesal. Este axioma procedimental apunta a que el proceso no se extienda excesivamente en el tiempo, no demande esfuerzos desmesurados al Juez y a las partes, y no resulte altamente costoso. Su fundamento radica en que, siendo el proceso un “medio”, su tramitación no puede provocar un desgaste (en t...

Si bien no ha de exigirse una severidad probatoria extrema en orden a la cuantificación del daño, no ocurre lo mismo con relación a la prueba de su existencia. El daño es esencial extremo constitutivo de la acción resarcitoria; es un presupuesto de la responsabilidad civil, de modo que es irrelevante la existencia material del perjuicio si no se lo comprueba acabadamente en el juicio. Los daños “s...

El incidente de nulidad de un acto procesal debe plantearse dentro de los cinco días contados desde el momento en que por cualquier vía el incidentista tuvo, pudo o debió tener conocimiento del vicio (art. 78 C.P.C.C.), caso contrario queda convalidado, precluyendo la posibilidad de objetarlo. Ello hace a la regularidad del proceso, vinculado con el derecho de defensa, que se vería afectado si en ...