El conocimiento de los recursos incumbe al Tribunal Superior de Justicia en pleno, en atención a la materia constitucional que en ellos se contiene (art. 165 inc. 2 C.P.). Se satisface el requisito de impugnabilidad objetiva exigido por la norma de los arts. 384 y 392, porque el auto interlocutorio que se impugna es asimilable a una sentencia definitiva, de modo que desde este punto de vista, n...

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El precepto cuya validez constitucional debe examinarse es el art. 5º quinquies de la ley 9024/02, incorporado por la ley 10117/12 y según el cual en los juicios de ejecución fiscal la perención de la instancia se operará en el plazo de dos años en primera instancia y en el término de un año en los procedimientos incidentales y en segunda o ulterior instancia. Con anterioridad a la sanción de ...

Dentro del marco procesal elegido por el amparista -acción de amparo ambiental- cuya finalidad es proteger, conservar, mejorar y preservar los recursos naturales y el medio ambiente, procede reconocer legitimación activa a cualquier habitante de la provincia de Córdoba, potencialmente afectado por actividades que pongan en riesgo esos bienes. En el caso, el carácter de “afectado” para interpon...

El principio de competencia por prevención, “cuando un mismo acto u omisión afectare el derecho de varias personas”, indica que todas las causas deben ser acumuladas ante el mismo tribunal, que debe ser “el juzgado que hubiese prevenido”. En una recta inteligencia de esta norma, para que opere debe tratarse del mismo acto lesivo. No basta con que los actos lesivos sean similares, ni siquiera idént...

Por imperio del art. 89 de la ley 7987, el tribunal de alzada está obligado a verificar el cumplimiento de las formas establecidas por la ley, que conforman el examen de admisibilidad que debe preceder al tratamiento de fondo de la cuestión planteada, aun habiendo sido el recurso concedido por el a quo. El carril impugnativo utilizado no resulta idóneo para atacar la resolución que inadmite la...

No se verifica en la etapa de admisibilidad de la demanda, directiva que distinga para acceder a la jurisdicción y gozar de un proceso legal, entre el carácter de activista y el de dirigente sindical elegido conforme las previsiones de la ley de asociaciones sindicales, por lo cual, el accionante cumple con el recaudo de legitimación para interponer la acción intentada, pues conforme la normativa ...

Por la prueba rendida, podemos asumir que medió conducta culpable de un tercero, pero que lejos de ser la causa exclusiva del daño, ha operado junto con el riesgo creado por el demandado y su propio obrar culposo como concausa en la producción del daño. Siendo los intervinientes copartícipes del hecho, eso los hace solidariamente responsables frente a la víctima, sin perjuicio de las posteriores ...

La ley 26.773 introdujo nuevas modificaciones sustanciales en el régimen de reparación de los daños derivados de los riesgos del trabajo. Así, el art. 3º de esta ley, dispuso que cuando se tratara de un verdadero infortunio o enfermedad laboral y no de un accidente in itinere, el trabajador damnificado o sus derechohabientes percibirían, además de las prestaciones dinerarias, una indemnización adi...

La huelga y las medidas de acción directa asimiladas a ella -v.gr.: paros intermitentes, trabajo a reglamento, trabajo a desgano, etc.- implican la abstención o el retaceo de la prestación laboral por parte de los trabajadores como medio de presión para lograr que se satisfagan ciertas reclamaciones previamente expresadas. Al obstaculizar el normal desarrollo de las actividades de producción de bi...