Con relación a la suspensión de la prescripción de la acción penal, las cuestiones previas deben ser decididas antes del proceso penal y no hacen cosa juzgada; pueden operar impidiendo su iniciación (juicio político o jurado de enjuiciamiento de magistrados y funcionarios judiciales) o deteniendo su curso (prelación jurisdiccional reglada por los arts. 19 y 20 C.P.P.N.). En tanto, las cuestiones p...

Por imperio del art. 92 bis L.C.T -texto según ley 25.877 (B.O., 19/3/04)- el contrato de trabajo por tiempo indeterminado se entiende celebrado a prueba durante los primeros tres meses de vigencia y cualquiera de las partes puede extinguir la relación durante ese lapso sin expresión de causa y sin derecho a indemnización con motivo de la extinción; pero es del c...

Habiendo entendido de pleno derecho que la patronal ha renunciado al período de prueba prescripto por el art. 92 bis L.C.T. debió preavisar al trabajador con un mes de anticipación (art. 231 punto b L.C.T.) -texto según ley 25.877 (B.O., 19/3/04)-. Si se otorga preaviso por un plazo inferior al legal, el empleador debe pagar íntegramente la indemnización p...

El juicio de admisibilidad practicado por la cámara al conceder el recurso de casación no vincula al Tribunal Superior, a quien el pertenece la facultad de pronunciarse en última instancia sobre la habilitación de la competencia casatoria (del voto de los Dres. Andruet, Cafure de Battistelli, Sesin). A los fines de la casación, el agravio es irreparable cuando por el dictado de una nueva resolu...

La determinación de la eventual negligencia en la actividad procesal tendiente a producir prueba, no sólo requiere el hallazgo del hecho objetivo de la conducta procesal inerte, sino que debe verificarse la existencia de condimentos de tipo subjetivo, como la desidia o la falta de interés de la parte. Tal condición no se verifica cuando el prolongado período de tiempo se presentaría como la natura...

Entre las diversas normas que regulan la actividad del juzgador, las de mayor trascendencia son aquellas que imponen el deber de fundamentar lógica y legalmente las decisiones judiciales. Tal obligación surge de los arts. 155 Const. Pcial. y 326 C.P.C.C. (del voto de la mayoría, Dres. Cafure de Battistelli, Sesin). La obligación de motivar las resoluciones judiciales no importa sólo que “extern...

El a quo restó todo valor a los términos contenidos en el pliego, en el contrato de concesión con el Municipio y, principalmente, en las cláusulas del reglamento general del cementerio, que es ley para las partes (art. 1197 C.C.), al calificar al negocio jurídico como concesión de derecho de uso, expresión jamás utilizada por los contratantes...

El a quo restó todo valor a los términos contenidos en el pliego, en el contrato de concesión con el Municipio y, principalmente, en las cláusulas del reglamento general del cementerio, que es ley para las partes (art. 1197 C.C.), al calificar al negocio jurídico como concesión de derecho de uso, expresión jamás utilizada por los contratantes ni por la Municipalidad de Resistencia (del dictamen de...

La intervención quirúrgica de que se trata no requiere autorización judicial habida cuenta de que se ha descartado que la finalidad de los impetrantes sea el cambio de sexo de su hija, sino corregir anomalías en sus órganos genitales externos que le dan apariencia del sexo contrario. Los padres, que tienen la patria potestad, no requieren autorización judicial teniendo en cuenta el acto médico de ...

Cabe asumir como criterio pacífico e incontrovertido que tal cual lo señala el art. 50 del decr. ley 5965/63, la cláusula ?sin protesto? no exime al acreedor de cumplir con la carga de la presentación del documento al deudor, ya que el deudor está en condiciones de determinar si el tenedor del documento es un portador legitimado y también para poder pagar ...