Cuando se trate de obligaciones no vinculadas con el sistema financiero, ni el art. 11 ley 25.561, en su texto originario o en el reformado por ley 25.820, ni el art. 8º decr. 214/02, autorizan que la paridad entre el peso y el dólar estadounidense sea de uno a uno cuarenta, es decir que desde el comienzo la pesificación se hacía a la paridad uno a uno, y en el único su...

La ley 25.820 no produjo ninguna innovación con respecto a la paridad de cambio que se establecía entre dólares y pesos, que para el caso como el que nos ocupa era de uno a uno, tanto antes como después de dicha ley, estableciéndose para equiparar el poder adquisitivo que tenía la suma de dinero que se debía con la que se entregaba, que a la suma de...

La ley 25.820, por tratarse de una norma interpretativa, puede y debe aplicarse de inmediato en cuanto estableció que las obligaciones de dar sumas de dinero expresadas en dólares, no vinculadas con el sistema financiero, se convertirán a razón de un dólar estadounidense por peso, aplicándose CER o CVS y comprendiendo a todas las deudas, se encuentren en m...

Conforme doctrina de la Corte Suprema de Justicia, en tanto no exista sentencia firme subsiste la relación jurídica sin que por ello puedan quedar afectados derechos adquiridos por aplicación de la nueva ley. Queda así despejada cualquier violación al principio de irretroactividad del art. 3º C.C., otorgando certidumbre a los conflictos antes atrapados por la div...

Conforme al principio iura novit curia, la ley debe aplicarse por el juez con independencia de su invocación por las partes. El art. 3º ley 25.820, ha sustituido el texto del art. 11 ley 25.561. A partir de su vigencia y toda vez que dicha normativa es de orden público, se impone su oficiosa aplicación al caso, convirtiendo la suma debida a razón de un dólar esta...

La ley en cuestión no interfiere en las regulaciones del proceso porque no está referido a la determinación de los gastos y honorarios judiciales, sino a la responsabilidad del deudor por el pago de las costas. Esa razón determina que el dispositivo no afecte la aplicación e interpretación de las normas que rigen el acto regulatorio, ni que provoque reducc...

Corresponde anular el pronunciamiento que declaró la inconstitucionalidad de la ley 24.432 en oportunidad de resolver la aclaratoria, porque el a quo tenía competencia sólo respecto de los motivos a los que habilita la impugnación que se trataba (art. 336 C.P.C.C.) (del voto de los Dres. Rubio y Sesin...

La declaración de inconstitucionalidad de la ley 24.432 efectuada por el a quo con motivo de resolver una aclaratoria atinente al monto de las regulaciones de honorarios practicadas en la sentencia definitiva, deviene nula en virtud de haber agotado el sentenciador su jurisdicción con el dictado del decisorio -en el caso, sentencia homologatoria- limitándose la habilitación del art. 336 C.P.C.C. a...

La pretensión declarativa de certeza exige que las partes tengan una relación jurídica que no saben cómo interpretar, porque existen dudas sobre algunos de sus aspectos (acerca de su extensión o alcance), recurriéndose a la jurisdicción para que despeje dichas dudas, actuando preven-tivamente y evitando futuros conflictos en orden a la interpretación. En autos, el actor no peticiona que se le acla...

La transformación del Banco Social a través de la figura de la fusión por absorción por el Banco de la Provincia de Córdoba debe asimilarse a la circunstancia contemplada como excepción por el art. 51 L.A.S.. De ella derivó la cesación de actividades del establecimiento frente a la cual no es válido oponer la estabilidad en el empleo d...